Fiscalía aseguró que De la Rúa "prometió" los sobornos

Fernando de la Rúa.

La fiscal Sabrina Namer aseguró que el expresidente Fernando de la Rúa "prometió" un monto de dinero a senadores peronistas para garantizar que se aprobara la ley de reforma laboral en el 2000 y dio instrucciones a sus funcionarios para concretar el cohecho.

Al comenzar su primera jornada de alegatos, la que se extenderá hasta el próximo jueves, Namer aseguró su convencimiento "de que el hecho existió" y en ese sentido señaló que "va a acusar sin ninguna duda" a De la Rúa y demás acusados.

La fiscal sostuvo ante la mirada de los jueces del Tribunal Oral Federal 3 que la maniobra fue un hecho "sin precedentes" y que provocó la "pérdida de confianza" de la sociedad en sus instituciones.

La semana pasada, la querella a cargo de la Oficina Anticorrupción había pedido la pena de seis años y seis meses de prisión para el expresidente, al igual que para el exjefe de la SIDE, Fernando De Santibañes.

En su alegato, Namer consideró que existe un "cuadro probatorio que permitirá sostener con creces la acusación", más allá de la "demonización" que se hizo del caso.

"Se encuentra acreditado que Fernando de la Rúa prometió a Augusto Alasino y Alberto Tell la entrega del dinero que repartirían a otros colegas senadores a fin de que aprobaran la ley y ejercieran su influencia para que otros la aprobasen", indicó Namer y detalló que fueron unos 5 millones de pesos que salieron de las cuentas de la SIDE para sobornar a los senadores.

En ese sentido, aseguró que fue De Santibañez quien "siguiendo instrucciones directas" del entonces presidente se reunió en el edificio de inteligencia con el "arrepentido" y exsecretario parlamentario, Mario Pontaquarto, para darle las directivas "sobre el modo de entrega" del soborno.

Por ello, dio por "probado" los dichos al respecto del arrepentido Pontaquarto, quien detalló que tras extraer el dinero lo mantuvo en su casa por varios días hasta que luego lo entregó a los senadores en un departamento de Recoleta.

De La Rua "sabía con que bueyes" trataba por su pasado como diputado y "en ese marco debió actuar para lograr la sanción de la ley", afirmó la fiscal, quien aseveró que "importaba la sanción de una ley de flexibilización laboral que demostrara un triunfo de la Alianza, para no afectar la gobernabilidad".

Namer, en su alegato, remarcó también la sensación que el hecho afectó la credibilidad de la sociedad en las institucionales.

A su entender, el "Que se vayan todos" de 2001 era en referencia a "la enemistad de la sociedad con lo político, con la clase gobernante".

"Un descrédito que no dejaba afuera ningún poder, porque la gente estaba harta y lo demostraba de maneras impensables, como el histórico cacerolazo. Por eso la palabra que sinteniza todo este juicio es instituciones, la gravedad en que quedaron las instituciones como consecuencia del hecho", agregó.

En ese sentido, advirtió que "la importancia de este proceso es enorme para la salud de las instituciones democráticas", más allá del resultado.