FpV aceptó cambios en Código Procesal y quedó listo para avanzar en comisión

El Senado firmará este miércoles los dictámenes para los proyectos de ley que deben aprobarse para poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal y los votará la semana próxima, luego de que el oficialismo les hiciera varios cambios durante el debate en la Comisión Bicameral.

Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado se reunirán a las 11.00 y el oficialismo firmará allí los dictámenes para el paquete de cinco proyectos de ley que establecen la forma en la que comenzará a regir el sistema acusatorio -que pone las investigaciones a cargo de los fiscales- planteado en el nuevo Código.

El senador oficialista Rodolfo Urtubey, que preside la Comisión Bicameral que debatió estos proyectos, adelantó durante la reunión de este martes que la idea es que el Senado vote todo el paquete en la próxima sesión, prevista para el 27 de mayo.

Se trata de los proyectos de implementación del Código Procesal Penal de la Nación; de Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal; Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa; Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal y modificaciones al Código Penal.

En el ámbito de la Bicameral, luego de diversas exposiciones de especialistas durante las últimas semanas, el oficialismo le introdujo modificaciones a los proyectos que fueron bien recibidas por los diputados y senadores de la oposición, aunque propondrán más cambios.

Uno de los cambios más importantes se refiere al plazo para que empiece a funcionar el nuevo Código: originalmente se preveía el 1 de septiembre pero ahora se estableció que entre en vigencia el 1 de marzo de 2016.

La postergación para poner en marcha la nueva norma fue uno de los pedidos que hizo este martes la presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, al concurrir a la Comisión Bicameral para dar su opinión.

Se mantiene en los proyectos que la implementación progresiva del nuevo Código comience en la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, pero no será por circunscripciones, como estaba previsto originalmente.

Este es un punto cuestionado por la oposición dado que, según argumentó el diputado radical Manuel Garrido, la Justicia Nacional debe ser traspasada al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires para consolidar su autonomía, algo que aún no ha ocurrido.

Otro cambio central es la eliminación de la Comisión de Implementación, cuya creación estaba prevista en uno de los proyectos y que sería integrada por representantes de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Senado, la Cámara de Diputados, la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Nacional de Casación Penal, la Procuración General, la Defensoría General y el Poder Ejecutivo.

"No vamos a disponer la creación de la nueva comisión sino que será esta Comisión Bicameral la que determine los tiempos de implementación, y el plazo y el momento en que los distritos federales se incorporarán al nuevo sistema", anunció Urtubey durante la reunión.

Así, el Congreso tendrá la facultad de controlar la implementación progresiva del nuevo Código a través de la Bicameral, a la cual se le crearán una Secretaría Técnica y un Comité Asesor, que estará integrado por los estamentos de la Justicia que iban a conformar la Comisión que se eliminó del proyecto.

También se modificó un artículo del proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal para que los trabajadores del Poder Judicial puedan "solicitar su traspaso" a ese ámbito al tiempo que se les respeten "sus jerarquías y antecedentes profesionales", como había solicitado el gremio.

"Nos parece un paso importante, un punto de equilibrio", afirmó la diputada del PRO Patricia Bullrich tras el anuncio de las modificaciones, idea que fue compartida por todos los legisladores de la oposición.

Si bien los opositores solicitarán más cambios tendientes a "morigerar el poder de la Procuración General", según señalaron fuentes legislativas a NA, las modificaciones permitieron un mayor nivel de consenso entre el oficialismo y la oposición.