FpV propone bicameral por delitos económicos durante la dictadura
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Héctor Recalde
Por su parte, Domínguez dijo que el proyecto apunta a "conocer el rostro civil de la peor dictadura de nuestro país" y precisó que "fueron 604 las empresas apropiadas ilegalmente por el terrorismo de Estado".
También señaló que "esta investigación va a poner luz sobre la parte más oscura de la historia argentina", un tema que "lamentablemente no forma parte de la agenda mediática de los intereses corporativos".
Verbitsky hizo un repaso de los avances conseguidos desde 1983 a la fecha, poniendo énfasis en "el punto de inflexión que se dio en el año 2003"; en tanto que Vanoli calificó al proyecto como "una iniciativa seria para que de una vez por todas se termine la impunidad sobre este tema".
La iniciativa propone la creación de una comisión bicameral, cuyo objetivo será elaborar un informe con las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptada por la última dictadura.
Ese informe deberá identificar los actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron con esa dictadura, aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza.
De acuerdo al proyecto, la comisión estará integrada por un presidente designado por el Poder Ejecutivo Nacional, cuatro diputados y cuatro senadores, que serán elegidos por sus propios cuerpos legislativos.
La comisión deberá formular propuestas concretas y útiles para forjar "la memoria, responsabilizar a los cómplices y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia así como reformas legislativas que propendan a desalentar conductas como las investigadas".
El informe deberá ser publicado dentro de los 180 días a partir de la creación de la comisión y, en caso de que se advirtiera la eventual comisión de delitos, podrá formular las correspondientes denuncias ante la justicia.
Las pruebas o testimonios serán recogidos en el marco de un cronograma de audiencias que contarán con la presencia de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, académicos, empresarios, empresas y cámaras empresarias, asociaciones sindicales y partidos políticos.
También, contempla el requerimiento de informes a empresas, organizaciones no gubernamentales, a dependencias de los tres poderes del Estado Nacional, Provincias y Municipal y Estados Extranjeros para recoger testimonios para comprobar la eventual comisión de delitos.
Además de Recalde, firmaron el proyecto la titular del bloque oficialista, Juliana Di Tullio; y los diputados y diputadas Teresa García; Adela Segarra; Pablo Kosiner; Carlos Kunkel, Verónica Magario; Horacio Pietragalla; Eduardo "Wado" de Pedro; Andrés Larroque; Juan Cabandié; Carlos Gdansky y Edgardo Depetri, todos del FPV, y Oscar Martínez, del Frente Renovador.



