Fútbol encendió la campaña en Capital

La seguridad en los espectáculos deportivos se convirtió ahora en un tema de campaña electoral en la Capital Federal y, por esas cuestiones, reaccionó ayer Aníbal Ibarra ante el anuncio de la sanción de una ley nacional que agrava las penas para los delitos en las canchas de fútbol. Sorprendió la queja del jefe porteño, quien dice que la norma avasalla los derechos de la ciudad de Buenos Aires, al haber hecho de su campaña política (la anterior) eje en las cuestiones de seguridad. Es que ahora, potenciales candidatos a pelearle el sillón como Daniel Scioli o Mauricio Macri avanzan con sus proyectos en ese sentido. El Secretario de Turismo y Deportes de la Nación es el inspirador de la norma que está a tratarse esta semana en Labor Parlamentaria del Senado para aprobarse en la próxima sesión, la que fue enviada a la Cámara por el Poder Ejecutivo. • Brigadas especiales Macri -quien lanzó la semana pasada su proyecto Bases para la Ciudad- se entrevistó con Eduardo Duhalde para proponerle la idea de crear brigadas especiales que controlen los estadios de fútbol durante los partidos. El proyecto que está en el Senado es impulsado por el titular de la Comisión de Deportes, Pablo Walter, y tiene la aprobación de esa comisión y la de Legislación Penal. Consiste en una modificación a leyes existentes sobre violencia en el deporte para que se agraven las penas por los delitos cometidos durante los espectáculos, tipifica algunas figuras que forman parte del Código Contravencional porteño como penales (portación de armas blancas, por ejemplo) e incorpora una figura para castigar las agresiones por «odio deportivo». Para Ibarra «el proyecto ingresa en un terreno claramente inconstitucional, ya que detrás del régimen penal que establece se avanza groseramente sobre la legislación municipal». Dice que «lo más grave es que contempla la posibilidad de adhesión de todos los distritos provinciales a excepción de la Ciudad de Buenos Aires, para la que se establece la obligatoriedad de esas disposiciones». El jefe de Gobierno porteño -quien ya se molestó por actividades turísticas de Scioli en la Capital- calificó de «insensatez» la redacción del proyecto. Desde la Comisión de Deportes de la Cámara alta responden que «a la Ciudad no le corresponde suscribir debido a la ley Cafiero», que establece que la seguridad en la Ciudad será de competencia nacional, mientras ésta sea Capital Federal. Los senadores advirtieron que «la norma fue redactada con la participación del Consejo de Seguridad del que participa la ciudad de Buenos Aires». Scioli consideró, en cambio, que «es urgente encontrar una solución para los hechos de violencia en el fútbol y eso es responsabilidad de todos los dirigentes políticos que tienen que comprender que no se puede dilatar más el debate dejando abierta la posibilidad a que haya nuevas víctimas». Ibarra ya instruyó al procurador porteño, su cuñado Juan Carlos López, para que estudie los reclamos legales necesarios y advirtió que «la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación han reconocido que el poder de policía es competencia de los gobiernos locales y no materia federal». Desde la Legislatura porteña, lo objetó el radical Jorge Enríquez, ex subsecretario de Gobierno durante la gestión de Fernando de la Rúa. El diputado calificó a Ibarra de «mediático» y le reprochó los proyectos referidos a la seguridad en el fútbol que están acumulados en la Legislatura y que «el foro de discusión sobre esa problemática que se creó en julio de 2000, y en agosto cuando asumió Ibarra inexplicablemente lo disolvió».

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