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Fuentes gubernamentales explicaron que «el actual Código de Procedimiento Penal bonaerense sólo autoriza a los integrantes de la fuerza policial de la provincia a realizar detenciones, cacheos y requisas, pero el gobierno pretende extender esas facultades a los gendarmes y prefectos que participen de manera conjunta en los operativos policiales». «Se analiza la posibilidad de que el gobernador, Felipe Solá, firme un decreto que incorpore esta modificación al Código procesal penal provincial, decreto que luego debería refrendar la Legislatura», detallaron las fuentes.
El Código de Procedimiento Penal de la Nación ya otorga estas facultades de parte de gendarmes y prefectos, por lo que otra posibilidad sería adherir a esa norma nacional. Sin embargo, la idea más firme sería la modificación del cuerpo procesal penal provincial.
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