El juez comercial Iván Garbarino consideró para su fallo, la existencia de informes periciales que indicaron que el valor del inmueble era sustancialmente superior al fijado para su venta.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, celebró el fallo de la Justicia federal que legitimó el decreto de Cristina de Kirchner, que anula la venta del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina (SRA) por haberse realizado mediante una "operación ilegítima y a precio vil" en la década del 90.
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"El Estado puede revocar un acto administrativo viciado", ratificó el funcionario, en referencia a la anulación de la operación ilegítima. Fernández recordó que "el vicio" del acto administrativo realizado durante el mandato de Carlos Menem, "es la venta a precio vil", e insistió con que, en estos casos, "el Estado nacional puede revocar el acto administrativo viciado".
La anulación de la venta del predio, anunciada por la mandataria a fines del 2012 y luego trabada en la justica hasta ayer, se fundamentó en que "la venta a favor de la Sociedad Rural Argentina fue instrumentada a un precio vil de u$s 30 millones, con financiación a diez años, importe que, incluso, no fue abonado por la entidad agropecuaria".
Este martes el juez Iván Garbarino, titular del juzgado nacional de primera instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 8 de la Capital, dispuso levantar la medida cautelar que suspendía el decreto presidencial.
En su resolución, el magistrado indicó como un antecedente "decisivo", para el levantamiento de la cautelar que pesaba sobre el decreto, la causa en la cual el juez Federal Sergio Gabriel Torres dispuso el procesamiento de una decena funcionarios nacionales y representantes de la Sociedad Rural, entre los que se encuentra el ex ministro de economía Domingo Cavallo, por el delito de peculado a raíz de la venta del predio en cuestión a precio vil. En dicha causa, Garbarino consideró para su fallo, la existencia de informes periciales que indicaron que el valor del inmueble era sustancialmente superior al fijado para su venta.
Entre sus fundamentos, el magistrado señaló que la medida cautelar concedida a principios de 2013 que frenaba el decreto dispuesto por Cristina Fernández de Kirchner "había excedido con creces los límites temporales" fijados por ley para este tipo de medidas (seis meses)", teniendo en cuenta a su vez la "escasa" vocación por parte de la Sociedad Rural para impulsar las acciones legales correspondientes.
Finalmente, Garbarino, manifestó que tras lo actuado por el juez Torres existen elementos suficientes para estimar que la venta del predio de Palermo a la Sociedad Rural fue un hecho "delictuoso", razón por la cual la entidad agropecuaria no debe ser merecedora de la protección cautelar que le había sido concedida en 2013.
