Fiscalía pidió a juez Augé que declaren como imputados Arribas y Majdalani. Ordenaban y recibían informes de espionaje al Instituto Patria y seguimientos a la vice. Espías piden nulidades y buscan estirar.
Para la fiscal Cecilia Incardona, Silvia Majdalani -la “Ocho”- tenía pleno conocimiento de las maniobras ilegales de espionaje que había ordenado el exdirector de Operaciones Especiales Alan Ruiz sobre el Instituto Patria y Cristina de Kirchner, y es posible que recibiera informes “diarios” respecto al seguimiento a la actual vicepresidenta. Ese es uno de los motivos por los que, en la nueva dinámica en la que quedó la causa luego del cimbronazo del viernes, solicitó al juez Juan Pablo Augé que la cite a indagatoria, al igual que al escribano Gustavo Arribas.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Pero el dato central del pedido de la fiscalía es la convocatoria como acusado de Martín Coste, el exdirector de Contrainteligencia y reemplazante de Diego Dalmau Pereyra por las acciones ilegales que realizó Ruiz, sobre quien también pidió el procesamiento sin prisión preventiva. El juez va a fijar las fechas y dejará sentada la suerte del “Señor Cinco” y de la “Ocho”. En esta ensalada de espías, las defensas comenzaron a articular sus primeros movimientos, tal como había anticipado Ámbito, para lograr percutir en la causa principal a través de las nulidades. Dos pidieron que se anulen las detenciones y las indagatorias adoptadas por el juez Federico Villena y otro que irá en saga solicitó una investigación completa de la AFI durante la era Cambiemos 2015-2019. El denominador común de esta estrategia es ganar tiempo.
Todos los espías que fueron detenidos por Villena declararon en indagatoria y apuntaron hacia arriba fruto de una suerte de obediencia debida. Leandro Araque, Facundo Melo y otros por referencia directa o indirecta mencionaron a Majdalani. Pero para la fiscalía nunca existió una alerta terrorista que permitiera justificar una orden judicial (que se investiga como falsa) para espiar en el Patria. En esa hipótesis, Majdalani cursó ordenes que “eran prohibidas por no estar de ningún modo ordenadas por la autoridad judicial de esas actuaciones en el momento que se llevaron” adelante. La “Ocho”, según el dictamen, “tenía un conocimiento actualizado y periódico” sobre los avances de esos espionajes ilegales “nutridos de los resultados de vigilancias y observaciones”. Para Incardona, eran diarios esos reportes, sobre ingreso de personas, bienes, “bolsos”, tal como eran las instrucciones que bajaba la superioridad también sobre el domicilio de Recoleta de la exsenadora. Ruiz tiene en contra también la declaración de espías que declararon como testigos de identidad reservada, tal como reveló Ámbito el 26 de junio. Ese espía fue reclutado, dijo, “una vez” para tomar fotografías del ingreso al Patria. Dejó su celular pero también describió toda la serie de actividades y roles de sus compañeros.
“Alan Ruiz habría ejecutado de ese modo órdenes recibidas por parte de Silvia Majdalani, en tanto los informes confeccionados en los que se plasmaban los resultados de esos espionajes ilegales, eran remitidos al equipo de Alan Ruiz y, posteriormente, éste se los elevaba a la nombrada”, indicó la fiscal en su requerimiento. Y la maniobra se completó con otra irregularidad: dos días después de que en agosto de 2018 se denunciaran las tareas de inteligencia por haber descubierto un auto de la AFI en “capacha” sobre el Patria, Arribas y Majdalani, “suscribieron una nota dirigida a la Comisión Bicameral de Inteligencia afirmando falsamente que no se habían producido seguimientos a Cristina de Kirchner. Y advirtieron que el personal descubierto en el lugar estaba allí realizando tareas investigativas en cumplimiento de una orden judicial”. Para la fiscalía esas afirmaciones son “falaces, plasmadas y rubricadas en documentos públicos” y se debieron a la decisión de “ocultar que las tareas descubiertas tenían carácter ilegal”. Es el máximo pecado para la cúpula de la central de espías: no solo haber ordenado tareas ilegales sino una vez descubiertas haber encubierto bajo un ropaje legal esas órdenes, lo que lo dejó en la mira de un eventual procesamiento.
“En este documento público, afirmaron como vimos, que la Institución que dirigían no había ordenado, dispuesto o efectuado tareas de inteligencia ilegal en relación a la Senadora Cristina Fernández de Kirchner, y que la presencia del vehículo descubierto en las inmediaciones del Instituto Patria, se encontraba afectado a tareas de investigación criminal dispuestas por autoridades judiciales en el marco de una causa sometida a su competencia”, explicó la fiscal. El argumento central era que ese documento ante la Bicameral era falso en su contenido “en cuanto negó la realización de las tareas ilegales y aseguró que se vinculaban con una orden judicial que provenía”. Eso es solamente un capítulo de los que se investigan ahora como una causa conexa y que tiene como eje el grupo de espías que hicieron tareas de inteligencia ilegal sobre políticos, personalidades y periodistas que rastreaba Villena a partir del narco Sergio “Verdura” Rodríguez.
Al alargue
Las defensas de Facundo Melo y Leonardo Araque pidieron anular las detenciones y las indagatorias que prestaron ante Villena. Araque había pedido ya anular el secuestro de su celular. El argumento se los dio la Cámara Federal de La Plata. Jorge “Turco” Sáez probablemente siga sus pasos. Pero incluyó un curioso pedido que parece contradictorio. Dijo que Villena se quedó en la superficie y que la investigación “no puede quedar todo en un grupo que decía cosas grandilocuentes por un chat”. Sostuvo que no se puede eludir tomar conocimiento de todo el funcionamiento de la AFI entre 2015 y 2019, incluyendo la testimonial de la actual interventora Cristina Caamaño. Esa investigación demandaría mucho tiempo, aunque también podría abrir otras puertas. Sin pedir la nulidad hizo algo similar al tachar de “ilegal y antirreglamentario” todo el trámite que le imprimió Villena. Dejó un dato tan inquietante como tentador Sáez: “Se conoce sólo la punta del iceberg”.
Coste
El exdirector de contrainteligencia pretendió mostrarse ajeno a las maniobras ante la Bicameral. Mandó al frente a Ruiz y Majdalani como su jefa y reporte, pero dio una descripción de cómo se manipularon los documentos para fraguar la autorización judicial sobre el espionaje del Patria. Coste fue clave: aseguró que no solo Ruiz era contacto estrecho de Patricia Bullrich, sino también con Juan Sebastián Destéfano –hombre de Daniel “Tano” Angelici para “salvar” la situación de Ruiz, rodeado de ilegalidades. Majdalani pidió por él.
