La jueza de instrucción Yamile Bernán hizo lugar a un "habeas corpus colectivo y correctivo" presentado en favor de los detenidos que deben permanecer alojados en la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal, conocida como "Alcaidía de Tribunales" que funciona en el subsuelo del Palacio de Justicia.
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Fuentes judiciales indicaron que la magistrada estableció "plazos perentorios" para que se realice la limpieza, desinfección, reparación de baños, instalación de teléfonos y la puesta en marcha de un programa de nutrición para los detenidos en esa unidad.
La jueza también dispuso la creación de "una mesa de trabajo interdisciplinaria" integrada por distintos organismos de la Procuración General de la Nación, la Procuración Penitenciaria y el Servicio Penitenciario Federal "a los fines de establecer el cupo adecuado o ideal de la Unidad 28, desde una perspectiva que incluya el espacio físico, los medios de traslado y personal penitenciario disponible".
Según lo ordenado por Bernán, en 30 días deberá realizarse "el reemplazo de todos aquellos elementos sanitarios propensos a ser dañados (canillas, duchas, cadenas e inodoros)" por otros más resistentes y consultar a nutricionistas "para establecer el gramaje, cantidad y calidad de las comidas que debe proveerse a los reclusos, su forma adecuada de conservación y establecer que se asegure el aprovisionamiento a todos los alojados".
El estado de "hacinamiento, insalubridad y falta de atención a los detenidos y detenidas" en la Unidad 28 ya había originado diversas resoluciones judiciales, inclusive de la Corte Suprema reclamando que se garantice la dignidad de quienes allí son trasladados.
El titular de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), Abel Córdoba, los fiscales de Ejecución Penal, Guillermina García Padín y Diego García Yomha, y el fiscal de instrucción Sandro Abraldes encabezaron el 2 de septiembre último una inspección en la "Alcaidía de Tribunales" donde "constataron graves vulneraciones a los derechos humanos de las personas alojadas".
Después de la inspección, la Corte dictó, el 24 de septiembre último, una acordada donde "emplazan" a las autoridades del SPF a que "adopten las medidas eficaces" para "evitar el pernocte de internos por más de una noche" en esa Unidad y que se "garanticen las debidas condiciones de detención".
Por los mismos hechos la Sala Sexta de la Cámara del Crimen confirmó días atrás una sentencia que hizo lugar a un habeas corpus y ordenó el traslado de presos que se encuentran detenidos en la alcaidía tras recordar que esa unidad "es sólo un centro de alojamiento transitorio y para el cumplimiento de medidas judiciales que no reclamen la presencia del detenido por más de 24 horas".
Ese sitio "carece de las condiciones necesarias para el alojamiento de personas por un lapso mayor", enfatizaron los camaristas Carlos Alberto González, Mariano González Palazzo y Alberto Seijas, quienes ordenaron el "realojamiento" de los detenidos y dispusieron que los traslados se concreten "con carácter de urgente con comunicación inmediata a los tribunales respectivos bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia".
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