Justicia Legítima abogó por nombrar al reemplazante de Zaffaroni en 2015

En su mensaje de fin de año, la agrupación Justicia Legítima (JL) exhortó al Estado (Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo) a designar al reemplazante de Eugenio Zaffaroni en la Corte Suprema, a poner en práctica del modelo acusatorio del nuevo Código Procesal Penal, el ingreso "democrático" de empleados los tribunales y más capacitaciones en la defensa de los intereses populares y los derechos humanos.

A través de un comunicado de prensa, la entidad liderada María Laura Garirrós por sostuvo que "es imprescindible discutir cuál es la justicia que se corresponde con el Estado de Derecho, cuáles son las condiciones que aseguran un Poder Judicial independiente y cuáles son los límites que la Constitución Nacional impone a los magistrados en el ejercicio de sus funciones".

En ese marco, la asociación civil consideró que "esa discusión no está reservada a los miembros del Poder Judicial ni a los expertos porque lo que está en juego es la institucionalidad democrática, y es la sociedad en su conjunto la que está interpelada a participar".

JL advirtió que en la actualidad existe "preocupación" por la "interposición de acciones y recursos en distintos fueros (en especial el Civil y Comercial Federal y el Contencioso Administrativo Federal), y una expansión creciente de denuncias y de intervenciones del fuero penal como formas de dirimir diferencias y conflictos que no debieran, en principio, ser llevados ante la justicia".

En esa línea, remarcó por la "permanente amenaza" y la declaración de inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo. "Son expresiones inequívocas de un modelo de judicialidad que procura mantener intereses y privilegios de grupos económicos concentrados, de medios de comunicación monopólicos y de sectores fuertemente corporativos del Poder Judicial", sostuvo la organización.

"Este modelo vulnera la división de poderes, distancia cada vez más a las mayorías populares del sistema de justicia y lo que es aún más grave, lo hace en nombre de una supuesta independencia que debe ser denunciada por lo que encubre", completó.

Para los integrantes de Justicia Legítima, la "independencia" de la justicia y el "control de constitucionalidad en manos de los jueces son garantías del orden democrático" y están "lejos de consagrar la omnipotencia del Poder Judicial".

"Los que integran ese poder del Estado deben responder por su vigencia y ampliación ante todos los ciudadanos. Los lazos que vinculan a miembros de la justicia o a sus familiares con organizaciones y grupos poderosos e influyentes son apenas síntomas de un entramado perverso que ya no puede ser ocultado si queremos construir un servicio de justicia que nos incluya a todos", evaluaron.

Al proponer construir una "agenda pública que incluya las cuestiones que atañen a la transparencia, a la estructura y a la democratización siempre postergada a la justicia", plantearon avanzar con cuatros temas en 2015.

En primer lugar señalaron la "urgente" implementación del modelo acusatorio consagrado en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación. "Queremos asegurar un servicio de justicia transparente y en tiempo oportuno. La actuación de los jueces y del ministerio público no puede provocar demoras ni prescripciones en las causas, como sucediera en el desdichado ejemplo del Colegio Ecos, ni hacer eternos los procesos. Una justicia tardía no es justicia", afirmaron.

En segundo término, exigieron la ocupación de la vacante que dejará el 31 de enero Zaffaroni. "Que sea la oportunidad para generar un nuevo paradigma en la estructura, integración y procedimiento en la Corte Suprema", subrayaron, y reafirmaron que "la mayor participación ciudadana en la composición de los tribunales favorece la idea de legitimidad de las decisiones del Poder Judicial".

Sin nombrar candidatos ni preferencias, desde Justicia Legítima recordaron que la Constitución Nacional prevé "un cuerpo colegiado como cabeza del Poder Judicial, para que sea expresión la diversidad de la sociedad a la que debe juzgar" y que "a lo largo de la historia la Corte cambió el número de sus miembros en varias oportunidades, que nunca hasta ahora fue de menos de cinco ni de más de nueve".

"La falta de integración no sólo incumple las disposiciones constitucionales, sino que deslegitima la labor de la Corte porque restringe las opiniones y hace menos democráticas sus deliberaciones. Cuantas más ideas más democracia. En este caso más es mejor", justificaron.

El tercer pedido refiere al "cumplimiento inmediato del ingreso democrático, plural e irrestricto" de empleados judiciales. "Una vez más insistimos en que abrir las puertas de los tribunales al mayor número de aspirantes más allá del apellido, de la condición social o económica o de las creencias religiosas o políticas es una condición necesaria en el camino de una mejor sociedad", expresaron.

Por último, reclamaron que se "amplíen y profundicen iniciativas destinadas a capacitar desde nuevas perspectivas a operadores jurídicos comprometidos con la defensa de los intereses populares y los derechos humanos, como la que representa la Escuela del Servicio de Justicia creada por Resolución conjunta de los Ministerios Públicos de la Nación".

Al finalizar, la agrupación convocó a ciudadanos, organizaciones sociales, gremiales, profesionales, de derechos humanos y a universidades a una "jornada abierta" para discutir estos temas en febrero de 2015.