La Cámara Nacional Electoral pidió al Congreso Nacional que revise las normas que rigen sobre otorgamiento de publicidad oficial en períodos electorales en los medios de comunicación.
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Así lo resolvió la Cámara integrada por los jueces Alberto Dalla Via, Rodolfo Munné y Santiago Corcuera, ante un planteo realizado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), que pidió que en forma institucional se adecuen las prácticas de asignación y uso de publicidad oficial a estándares internacionales.
Los jueces también decidieron poner en conocimiento de la resolución a la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete "en atención a la responsabilidad que tiene a su cargo en materia de planificación y ejecución de la política de comunicación pública; la divulgación de las actividades del Estado; la planificación y ejecución de la publicidad oficial y la administración de los medios de difusión que se encuentran bajo responsabilidad del Poder Ejecutivo".
Para la Cámara, la solución debe ser legislativa "para darle una mejor organicidad que asegure la relación armónica entre la vigencia de la publicidad de los actos de gobierno, la libertad de expresión y la equidad electoral" en periodos de campaña.
"El adecuado tratamiento del caso, -en la medida en que se cuestiona la utilización de la publicidad oficial por parte del Poder Ejecutivo Nacional- aconseja recordar la naturaleza de los derechos en juego, y armonizar los preceptos de nuestro ordenamiento constitucional y los principios que aquí se encuentran involucrados", indicó la resolución a la que accedió Noticias Argentinas.
Y agregó: "En ese orden de ideas, deben ser consideradas la exigencia republicana de dar publicidad a los actos de gobierno, la garantía a la libre expresión de las ideas y la igualdad del sufragio que requiere ciertas condiciones de equidad en la participación electoral".
La Cámara remarcó que "la publicidad oficial constituye uno de los medios para hacer efectivo el mandato republicano de dar publicidad a los actos de gobierno", y en función de ello remarcó que "se torna imprescindible que los poderes públicos consideren la publicidad oficial como una herramienta para afianzar el interés general y un cauce para la comunicación entre los individuos, los grupos y las instituciones".
"No son desconocidas las complejas interrelaciones entre la difusión de los actos de gobierno, mediante publicidad oficial, y los otros principios constitucionales antes señalados, de libertad de expresión e igualdad de oportunidades en las contiendas electorales", advirtió la Cámara.
El Tribunal rememoró la experiencia de la publicidad oficial en otros países durante procesos electorales, y tomó como ejemplo que en España "optó por prohibir la difusión de "campañas institucionales" por parte de los poderes públicos, durante todo el período que media entre la convocatoria electoral y la celebración de los comicios".
Para los jueces la solución debe darla el poder legislativo y no el judicial, sino habría una extralimitación de poderes para establecer las pautas "en torno a la insuficiente regulación de la publicidad oficial durante el desarrollo de los procesos electorales".
"Esta Cámara considera indispensable poner en conocimiento del Congreso de la Nación el contenido de la presente, con el objeto de requerirle que extreme los recaudos necesarios a fin de revisar a la mayor brevedad posible la regulación vigente en la materia para darle una mejor organicidad que asegure la relación armónica entre la vigencia de la publicidad de los actos de gobierno, la libertad de expresión y la equidad electoral", ordenó la Cámara.
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