Justicia rechazó amparo de Carrió para frenar nuevo Código Civil

Elisa Carrió.

La Justicia rechazó el recurso de amparo que presentó la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió y le dio un revés a la estrategia judicial de la oposición de intentar frenar el tratamiento del proyecto del nuevo Código Civil, que tendrá lugar este miércoles en la Cámara baja.

El juez en lo Contencioso Administrativo federal Ernesto Luis Marinelli no hizo lugar al "amparo preventivo" solicitado por Carrió, al considerar que el Poder Judicial no puede intervenir en el proceso de sanción de leyes.

"No se debe perder de vista que, en principio, con arreglo a la doctrina que emana de diversos precedentes del Alto Tribunal, se encuentra vedado al poder jurisdiccional interferir en el proceso de formación y sanción de las leyes", señaló el juez en su fallo.

Y remarcó que la Corte Suprema de la Nación "ha destacado que la misión más delicada de los jueces es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los demás poderes".

Carrió había solicitado este lunes una medida cautelar que impidiera la sesión prevista para este miércoles hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo, ya que la oposición considera que no se respetan "los pasos constitucionales y reglamentarios para su aprobación".

La diputada de Unión PRO, Patricia Bullrch, también presentó una medida similar este martes con el mismo objetivo, al resaltar que el proyecto que tratará el oficialismo no tiene dictamen de comisión, ya que la bicameral que emitió un despacho en noviembre de 2013 estaba compuesta por legisladores que ya no están en el Congreso.

"Al cambiar la composición de la Cámara, caen los dictámenes", evaluó Bullrich en un escrito ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 9, al que le solicitó que "para no decidir en abstracto, se pronuncie el miércoles a la mañana sobre el recurso presentado", aunque con la negativa al recurso de Carrió se infiere que el amparo de la diputada de Unión-PRO también sería rechazado.

De esta forma, la estrategia opositora de frenar el tratamiento de la iniciativa del Poder Ejecutivo quedaría trunca, aunque luego de su aprobación, podrían avanzar con otras denuncias ante la Justicia.

El jefe del bloque de diputados del PRO, Federico Pinedo, ya anticipó este lunes que en el caso de se sancione el nuevo Código, recurrirá a la Justicia para invalidarlo.

Las bancadas antikirchneristas consideran que tratar este miércoles la norma sería una maniobra ilegal, ya que el proyecto no cuenta con dictamen de comisión, un requisito fundamental para la discusión de leyes en el recinto, a excepción de las propuestas que cuentan con los dos tercios de los votos.

Para los opositores, el despacho que emitió en noviembre pasado la comisión bicameral que analizó el nuevo Código no sirve porque en diciembre último cambió la composición del Congreso y debería confeccionarse uno nuevo.

El Frente para la Victoria, en tanto, afirma que ese paso no es necesario, ya que es un debate especial y para él no rigen los requerimientos de una ley común.

En la sesión de este miércoles el oficialismo pondrá en discusión el proyecto que aprobó el Senado en noviembre último, el que le hizo modificaciones al dictamen original de la bicameral.

El ministro de Justicia, Julio Alak, subrayó al respecto este martes que el trámite legislativo "se ajusta estrictamente al reglamento de la Cámara de Diputados y a la ley 13.640, que establece los causales de caducidad de los proyectos de ley y, en su artículo 2, exceptúa expresamente a los proyectos de códigos".

También el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, calificó de "lamentable" la iniciativa de la oposición "que pretende judicializar el debate que debe realizarse en el Congreso y la decisión emanada por los representantes del pueblo".

"El pueblo no delibera sino por medio de sus representantes. No se para que son elegidos por la voluntad popular si van a promover acciones judiciales para impedir una sanción legislativa", añadió en conferencia de prensa.

En paralelo a la estrategia judicial, Carrió y el diputado de Suma+UNEN Martín Lousteau enviaron una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, contra el tratamiento del Código Civil, al que calificaron como "claramente inconstitucional, que viola el principio de división de poderes".

"La irresponsabilidad que significa someter a la consideración de la Cámara sin dictamen de las comisiones de asesoramiento y la no participación de los diputados de la Nación en estas comisiones lleva al vaciamiento de la función legislativa de hecho y por la fuerza, así como de la representación popular que la cámara detenta", enfatizaron.

Carrió y Lousteau subrayaron que Domínguez "no puede obviar el procedimiento de sanción y formación de las leyes, ya que toda ruptura de los antecedentes normativos implica instaurar gobiernos de facto".

"La convocatoria a la sesión especial es un acto insanablemente nulo e implica sedición en términos constitucionales. Usted disuelve de hecho la representación de las minorías parlamentarias y viola el procedimiento de sanción y formación de las leyes, el debido proceso legal adjetivo, con lo que la ley que así se dicte será de nulidad insanable y absoluta", remarcaron los legisladores.

Y agregaron: "Esto convierte a usted y a la mayoría que consienta este proceder en un grupo faccioso de hecho, lo cual representa una violación clara del artículo 1 de la Constitución Nacional".