El ministro de Economía, Axel Kicillof, aseguró que vender una sola acción que el Estado tiene en empresas privadas será una "reprivatización" y atacó al PRO por impulsar un proyecto que supuestamente busca "reventar" esas tenencias para conseguir dólares y nombrar directores extranjeros.
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"Es una idea ruinosa y vendepatria", disparó Kicillof respecto de la supuesta iniciativa del PRO, al defender ante un plenario de comisiones del Senado el proyecto del Gobierno que declara de interés público las acciones que el Estado, a través de la ANSeS, tiene en empresas privadas.
La iniciativa oficial, que crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPE), busca que la única posibilidad de venta de estas acciones sea a partir del dictado de una ley aprobada con mayoría especial.
Al respecto, Kicillof consideró que lo que se busca es impedir que un funcionario del Ejecutivo pueda "reprivatizar" las tenencias accionarias en esas compañías.
El jefe del Palacio de Hacienda dijo que es "importante" mantener esos paquetes accionarios porque así el Estado posee la facultad para intervenir en "la políticas de precios" de una compañía, que en algunos casos son "monopólicas".
En un largo tramo de su exposición, el ministro se refirió a una nota periodística en la que referentes del PRO anunciaban una iniciativa destinada a comercializar esas acciones administradas por el organismo previsional.
"Quieren privatizar de nuevo. Tienen un proyecto y quieren reventar todo a los extranjeros para que ellos pongan un director", advirtió ante los integrantes de la comisión.
Alertó que el objetivo es "vender las acciones en bloque a fondos especulativos para que ellos pongan los directores con el propósito de conseguir dólares".
"Quieren liquidar activos estatales en dólares y esta es la discusión de fondo: qué hacemos con el patrimonio argentino", sostuvo.
"Es el modelo de los ´90, cuando ya privatizaron una vez y ahora quieren vender hasta las tenencias minoritarias", fustigó el ministro y sostuvo que hasta ahora "no ha sido mala" la intervención del Estado en esas empresas.
Agregó que "la tenencia de una acción pone al Estado en propietario y si la vende está privatizando una parte de la compañía".
"Lo que estamos proponiendo con esta ley es que esté impedida la decisión de desprenderse de una sola acción, pero que no sea una decisión arbitraria, unilateral o que sea resuelta por alguna dependencia del Poder Ejecutivo", precisó.
Sostuvo que en los 90 "una de las críticas al Estado privatizador era que le delegó al Ejecutivo esa facultad, y ahora el Ejecutivo está haciendo una especie de antiprivatización y dándole al Parlamento la decisión de desprenderse de esas acciones".
"Lo que queremos es que no ocurra nunca más que se privatice a través de decisiones del Ejecutivo nacional. Se está trasladando al Congreso esa decisión", indicó.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo, que continuará siendo tratada por al comisión este miércoles, declara de interés público la protección de las acciones que el Estado posee en empresas privadas y que forman parte del FGS del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
De ese modo, se prohíbe la venta, la transferencia o cualquier otra acción que implique que el Estado se desprenda de esas acciones, salvo que el Congreso de la Nación lo autorice a través del voto de los dos tercios de sus miembros.
De acuerdo con el proyecto ingresado el lunes al Senado, la finalidad es preservar la sustentabilidad del fondo y "promover el rol activo del Estado en la coordinación de la gestión de los directores que representan al Estado Nacional" para "resguardar el interés público comprometido en las participaciones societarias".
Para ello, se crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (Anpee) como continuadora de la Dirección Nacional de Empresas con Participación del Estado que deberá entender en la ejecución de las políticas y acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias o de capital de las empresas comprendidas en el proyecto.
La Anpee tendrá a su cargo ejercer los "derechos políticos" inherentes a las acciones que integran la cartera de inversiones del FGS.
De ese modo, se busca "contribuir a la coordinación estratégica de la política económica del Estado Nacional, orientada a la administración unificada e integral de las empresas en que participa en forma minoritaria".
La nueva agencia se integrará con un Directorio y un Consejo Consultivo, previendo la conformación de una Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas conformada por ocho miembros de Diputados y ocho del Senado.
El Directorio estará conformado por un presidente, ejercido por el Director Ejecutivo de Anses; dos directores designados por el PEN y dos directores propuestos por la Comisión Bicameral: uno por la mayoría o primera minoría y otro por la primera minoría o segunda minoría.
