La Legislatura porteña abre hoy el proceso de juicio político de Aníbal Ibarra por sus presuntas responsabilidades en el trágico accidente del local Cromañón. Buscan cerrar el caso antes de las elecciones de octubre.
La Legislatura porteña abrirá hoy el proceso de juicio político contra Aníbal Ibarra, cuando se reúna por primera vez la comisión investigadora de la Sala Acusadora del caso Cromañón. Si bien ese trámite no desencadenaría hoy en el enjuiciamiento del jefe de Gobierno por sus presuntas responsabilidades políticas en la tragedia del 30 de diciembre, se reabre una dura discusión entre quienes quieren archivar rápidamente el tema y quienes son partidarios de posponer la decisión para después de las elecciones del 23 de octubre.
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Ese calendario lo manejará la comisión investigadora, integrada por 13 legisladores, donde los tres del kirchnerismo tienen previsto que hoy no se fije plazo para la emisión de un informe que será luego el que vote la Sala Acusadora, en la que Ibarra necesita al menos 16 adhesiones a su favor para evitar el enjuiciamiento.
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, ha instruido a los suyos para que eviten en todo lo posible que el tema del trágico accidente se instale nuevamente en medio de la campaña política. Por eso, los kirchneristas quieren tomarse más de los 60 días hábiles reglamentarios para hacer su informe dentro de la comisión investigadora.
Ibarra cree que esa decisión tiene como telón de fondo la oportunidad de llevar adelante una definición fuera del escenario electoral que podría jugar en su contra. Como sabe que actualmente no alcanzan los votos en la Sala Acusadora para enjuiciarlo, acompaña la estrategia del macrismo que tampoco quiere que el caso le haga mermar los votos.
• Inconvenientes
El kirchnerismo, sin embargo, tiene inconvenientes para mantener su postura. Amagan con votar a favor del juicio político en caso que la comisión, por mayoría, imponga que a fines de setiembre esté elaborado un nuevo informe para se sometido a los votos de la Sala Acusadora. Esa postura no sería fácil de mantener para los adherentes a Néstor Kirchner, cuando el propio presidente maneja con mesura la opinión del tema y lo liga más a los pasos que pudiera dar la justicia en la causa penal. El propio jefe de Gabinete, Alberto Fernández, ha descalificado a la primera comisión investigadora, la que emitió el dictamen recomendando el juicio político a Ibarra y salido a decir que los integrantes tendrían intenciones políticas.
Con ese mandato, al kirchnerismo en la Legislatura le quedaría abstenerse de votar en la Sala Acusadora y de ese modo tampoco habría votos para enjuiciar a Ibarra.
La comisión especial, que presidió Fernanda Ferrero (ex Recrear) fundamentó sus acusaciones contra el jefe de gobierno especialmente por no haber clausurado el local bailable, que consideraron «nunca debió ser habilitado». El lugar obtuvo el permiso durante la gestión porteña de Fernando de la Rúa, pero en inspecciones durante la gestión de Ibarra no se clausuró.
También acusaron al Gobierno porteño de un supuesto mal manejo de la emergencia la noche de la tragedia.
La documentación que reunió ese grupo con testimonios, abarca cerca de 20.000 páginas, que el kirchnerismo dice que quiere leer detenidamente y tomar más testimonios. La idea de los que impulsan que rápidamente se cierre el trámite (macristas y aliados del ibarrismo) es terminar el o los informes a fines de setiembre, casi un mes antes de la fecha electoral.
Para entonces, si Ibarra logra que se archive el juicio en su contra, el jefe de Gobierno tiene previsto un cambio de gabinete que viene postergando desde que ocurrió la tragedia.
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