La UIF reclamó el embargo de Papel Prensa por lavado de dinero

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió este lunes ante el juez federal Julián Ercolini el embargo de los bienes de Papel Prensa S.A. en el marco de un causa donde se acusa a los accionistas privados, el Grupo Clarín y La Nación, de lavado de dinero proveniente de la apropiación de la fábrica de papel para diarios durante la última dictadura.

"La masa de dinero que se acumuló de los bienes apropiados durante la última dictadura -en este caso Papel Prensa- daña ese bien protegido y les corresponde a los que están usufructuando esos bienes -Clarín y La Nación en este momento- ser acusados de autolavado o de lavado de dinero, y eso hemos hecho ayer (lunes) en el juzgado del doctor Ercolini", aseguró este martes el titular de la UIF José Sbatella en una entrevista con radio Cooperativa.

La acusación se fundamenta -agregó el funcionario- en que cuando se aprobó la ley de lavado de dinero en junio de 2011 se incorporó en el código penal un nuevo capítulo que establece que "se daña el orden económico y financiero cuando hay dinero que proviene de un hecho ilícito que no haya prescripto", en referencia al caso de Papel Prensa.

"En junio de 2011 cambió sustancialmente la situación legal del encuadramiento de los hechos por los cuales Papel Prensa pasa a ser propiedad de los tres diarios más importantes durante la dictadura", remarcó Sbatella. Además, señaló que "pedimos el embargo de los bienes para proteger el eventual resultado del juicio" y que "si hay sentencia se habilita el decomiso de los bienes".

"Lo que pedimos en el ingreso como querellantes es que se protejan los bienes que están en discusión hasta que se expida la Justicia", agregó.

También detalló que la acusación "comprende a los dueños en ese momento de Clarín, como Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y de La Nación, Bartolomé Mitre, que se apropiaron de Papel Prensa, que era propiedad de la familia Graiver".

"No es una cuestión menor que los bienes pasen de vuelta al Estado por lo menos en una primera instancia y luego verán si la familia los recupera o no en otro proceso judicial", destacó asimismo.

En tanto, Sbatella remarcó que el de Papel Prensa es uno de los "600 casos comprobados de situaciones de apropiación de bienes" y explicó que durante la última dictadura cívico militar "había un grupo que se ocupaba del decomiso de los bienes de los detenidos desaparecidos" y que "a nuestro entender esto se ha mostrado en dos o tres situaciones recientes, que financian la vida de prófugos de delitos de lesa humanidad".

Por último, dijo que "en el escrito que presentamos al juez agregamos los antecedentes de cuatro situaciones internacionales donde hubo apropiación de bienes y Naciones Unidas se expidió diciendo que la apropiación de bienes en casos de delitos de lesa humanidad comprende la situación de recupero de los bienes".

• Apropiados

El caso Papel Prensa es paradigmático. Ámbito.com explicó la semana pasada que el despacho de Ercolini del cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py se acumulan testimonios y documentos históricos que probarían que la papelera de San Pedro fue apropiada bajo amenazas por parte de los dueños de los tres diarios involucrados (Clarín, La Nación y La Razón) y la Junta militar. La causa se originó por una doble denuncia: la de Poder Ejecutivo, a través del minucioso informe oficial realizado por los representantes del Estado en la compañía bautizado "Papel Prensa: La Verdad", y la de Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, el dueño de la empresa antes de la supuesta venta forzada. Las declaraciones de Papaleo y otros damnificados, como los viejos accionistas Juan Graiver y Rafeal Ianover, revelan que fue una apropiación ilegal, lograda con amenazas, secuestros y torturas.

Pero también hay otros casos de empresarios que fueron expropiados sus bienes durante la dictadura, como el de Eduardo Saiegh y el de los hermanos Iaccarino. Saiegh es un arquitecto que fue desapoderado del Banco Latinoamericano de Inversión en 1980. Según contó el banquero argentino, el 31 de octubre de ese año fue detenido sin orden judicial por la División Bancos de la Policía Federal y permaneció desaparecido siete días. En esa semana, fue torturado y obligado a confesar delitos inexistentes que le permitieran al Banco Central en manos de los militares liquidar al BLA, del cual era vicepresidente.

Los hermanos Rodolfo, Alejandro y Eduardo Iaccarino fueron secuestrados en noviembre de 1976 por grupos de tareas en Santiago del Estero y trasladados luego a distintos centros clandestinos que integraban el Circuito Camps. Durante su cautiverio en la Brigada de Lanús, los hermanos fueron obligados a firmar un poder para que su padre venda las empresas y un avión que tenía la familia a cambio de 28 hectáreas de una cancha de golf de un hotel en Córdoba que nunca les entregaron.