Las protestas policiales que mantuvieron en vilo al país comenzaron en Córdoba, donde los efectivos lograron un salario promedio de $ 13.000.
La Cámara Laboral dejó sin efecto una resolución del Ministerio de Trabajo que había rechazado la inscripción del sindicato de policías y agentes penitenciarios de la provincia de Córdoba.
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Fuentes judiciales informaron que la Sala II del Tribunal revocó la decisión del Ministerio de Trabajo que había rechazado "el pedido de inscripción gremial formulado por la Unión de Policías y Penitenciarios de Argentina Córdoba (UPPAC) 7 de Agosto".
La Cámara resolvió a raíz de un planteo de apelación contra la decisión del Ministerio de denegar la inscripción a la Unión de Policías y Penitenciarios 7 de Agosto, de la provincia mediterránea.
El 3 de julio de 2007 incluso el rechazo a la inscripción gremial había salido publicado en el Boletín Oficial.
En marzo de 2012 el decreto presidencial 353 resolvió desestimar "el recursos jerárquico subsidiariamente deducido al de reconsideración" y tras lo cual se inició un expediente vía judicial.
Los jueces de la Sala II de la Cámara Laboral, Graciela González y Miguel Ángel Pirolo, ahora dejaron sin efecto esa medida administrativa dictada por el Ministerio de Trabajo y dieron luz verde para que el eventual sindicato prosiga con su intento para ser considerado como tal.
La resolución se conoce en medio de reclamos de algunos sectores para que las fuerzas policiales tengan su propio sindicato tras el acuartelamiento realizado por varias policías del país en los últimos días, en reclamo de aumento de salarios, que luego derivaron en saqueos en todo el país.
• La última palabra
El sitio oficial Infojus reveló que en la Corte Suprema ya hay dos causas sobre la sindicalización de la policía pendientes de resolución. Una de ellas está en el máximo tribunal desde hace tres años y cuenta con un dictamen de la Procuración General que rechaza la agremiación de los uniformados.
Se trata de una causa iniciada por el autodenominado Sindicato Policial de Buenos Aires (SIPOBA) que intentó inscribirse como gremio en Trabajo. El expediente ya pasó por cinco de los siete integrantes del Tribunal, y en diciembre del año pasado la procuradora Alejandra Gils Carbó emitió un dictaminen.
En esa resolución, Gils Carbó recomendó que se rechace el recurso de queja "ante la ausencia de una ley expresa". La procuradora, haciendo referencia al convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostuvo que "la legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas por el presente Convenio".
La otra causa que se encuentra en manos de la Corte Suprema llegó en agosto de este año, a raíz de una presentación del llamado Sindicato de Policías y Penitenciarios (SinPoPe), donde reporta el exsubjefe de la Policía Bonaerense y actual concejal massista, Salvador Baratta.
Esa agrupación también tiene vínculos directos con la CGT opositora de Hugo Moyano: el hijo abogado del camionero Hugo Antonio Moyano junior es su representante legal y fue quien llevó la causa al máximo Tribunal. En diciembre de 2012 este grupo de efectivos y exuniformados intentó inscribirse como gremio y el Ministerio de Trabajo se lo rechazó. Meses más tarde, también recibieron un revés de la Cámara del Trabajo. Ahora falta la definición de los supremos.
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