Media sanción a proyecto que limita responsabilidad del Estado

El nuevo marco regulatorio fue aprobado en sesión especial.

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto del Poder Ejecutivo que limita la responsabilidad civil del Estado y lo desliga de los daños que puedan producirse a través de las prestadoras de servicios públicos. La votación resultó favorable a la propuesta del Gobierno, con 129 respaldos, 105 rechazos y dos abstenciones.

El Frente para la Victoria consiguió la aprobación pese al rechazo de la oposición, que durante el debate criticó que la cuestión no se zanjara dentro del nuevo Código Civil y coincidió en que el Gobierno busca una "autoamnistía" para sus funcionarios.

Los bloques antikirchneristas también cuestionaron que la Nación "invite a adherir" al proyecto a las provincia, al considerar que podría haber reglamentos diferentes para casos similares dentro del país.

Tras ocho horas de discusión, a cargo del cierre del debate del Frente para la Victoria estuvo el vicepresidente del bloque, Pablo Kosiner, quien señaló que la iniciativa del Gobierno "tiene base constitucional, que es más importante que discutir si está dentro del Código Civil o no". "La Constitución nos habilita a lo que estamos haciendo", remarcó el salteño. En tanto, defendió la potestad de los legisladores de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para dictar sus propias leyes: "No le vamos a sacar la libertad de opinar".

En contraparte, el titular del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, en su último discurso al frente del espacio, sostuvo que "probablemente esta ley sea declarada inconstitucional, porque va a obligar a los ciudadanos a tener que recurrir al peregrinaje de la justicia".

"¿Qué va a pasar si una provincia establece que tiene una reparación integral y otra solo daño directo inmediato?", se preguntó Gil Lavedra, al señalar que cada distrito "va a ser libre de legislar y los ciudadanos van a tener soluciones distintas según el lugar donde vivan".

En el inicio del debate, la diputada oficialista Diana Conti, encargada de defender el texto, consideró que esta iniciativa está "protegiendo al Estado de la ambición depredadora de la industria del juicio". En el caso de los servicios públicos aclaró: "Como las concesionarias no son cuadros de la administración estatal, serán ellas las que deberán reparar daños". No obstante, señaló que tendrá responsabilidad el Estado en el caso de que se hubieran elegido las prestadoras de forma fraudulenta o sin diligencia.

La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió, en tanto, afirmó que si se aprueba esta norma "va a ser declarada inconstitucional", al tiempo que indicó: "Estamos asistiendo al quiebre del estado de derecho". Además, dijo que forma parte del "acuerdo" que denunció entre el Gobierno y el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que en principio -según Carrió- había sido por la ley de Medios.

El jefe de los socialistas, Juan Carlos Zabalza, agregó: "Estamos frente a un proyecto para nosotros inaceptable, por la decisión del oficialismo de restringir la responsabilidad del Estado por los daños que sus funcionarios o sus concesionarios, por actos ilegítimos, causen a los particulares".

La norma fija la responsabilidad del Estado "por los daños que su actividad o inactividad produzca a los derechos o patrimonio de las personas".

En el caso de los servicios, asegura que "no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuyan o encomiendo un cometido estatal, cuando la acción o omisión sea imputable a la función encomendada".

Para los casos de demanda en su contra, el Estado admitirá un plazo de "tres años computados desde la verificación del daño".

• Otros proyectos

Además, en la maratónica sesión, la Cámara de Diputados convirtió en ley una batería de proyectos que incluye el que sube los impuestos a los vehículos de alta gama, embarcaciones y aeronaves.

Entre las normas aprobadas están una modificación de la legislación sobre exploración y explotación de hidrocarburos, a los efectos de establecer penas por el delito de exploración sin autorización de la autoridad competente en el lecho, en el subsuelo del mar territorial o en la plataforma continental argentina. También se avaló la autorización pedida por el Ejecutivo para la realización de ejercicios militares combinados, la salida de tropas argentinas fuera del territorio nacional y el ingreso de sus similares extranjeras sin inmunidad.

También aprobó y giró al Senado el proyecto de Digesto Jurídico Argentino, una minuciosa tarea realizada por la Universidad de Buenos Aires, que luego una bicameral del Congreso ordenó, controló y plasmo en un dictamen habilita la posibilidad de tener un texto en el que sólo estén plasmadas las leyes vigentes.

Otro proyecto importante que fue convertido en ley es el referido a la problemática y prevención de la diabetes, respecto de la actualización, cobertura y adecuación de los tratamientos farmacológicos y tecnológicos de esa enfermedad.

El proyecto, aprobado por unanimidad, establece que el Estado debe llevar el control estadístico y prestará colaboración científica y técnica a las autoridades sanitarias de todo el país, a fin de coordinar la planificación de acciones.

Asimismo, deberá garantizar la producción, distribución y dispensación de los medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol a todos los pacientes con diabetes, con el objeto de asegurarles el acceso a una terapia adecuada, así como su control evolutivo.

Además, el Ministerio de Salud de la Nación deberá establecer normas de provisión de medicamentos e insumos que deberán ser revisadas cada cinco años y actualizadas de acuerdo con los avances farmacológicos y tecnológicos que resulten de aplicación en la terapia de la diabetes y promuevan una mejora en la calidad de vida de los pacientes diabéticos.

En tanto, se otorgó media sanción a un proyecto que dispone la acuñación de una moneda conmemorativa de la elección el exarzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, como Sumo Pontífice de la Iglesia Católica.

En el inicio de la sesión, el primer proyecto convertido en ley fue el que fija un resarcimiento económico a expresos políticos, luego de resolver la polémica que se había generado por las fechas contempladas en la iniciativa.