Hugo Moyano anunció que denunciará penalmente ante la Justicia federal a la superintendenta de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, y al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, por facilitar una supuesta maniobra fraudulenta para habilitar la Obra Social de la Recolección y el barrido de Córdoba, que responde a un dirigente camionero opositor su gremio.
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Mediante un comunicado dado a conocer a la prensa, el líder de la CGT opositora resaltó que "la grosera maniobra es parte de un plan sistemático que también involucra a funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación" y que ese presunto "ilícito se materializó mediante el armado de un expediente fraudulento para perjudicar la salud de los trabajadores y sus familias".
Moyano estalló de bronco cuando Mauricio Saillen, jefe del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac) rompió vínculos con su sindicato y la centra obrera de Azopardo y armó una obra social nueva. Luego de la abrupta ruptura, Saillen se acercó a la CGT de Antonio Caló y fue recibido en el Gobierno nacional. En medio de los chispazos con los Moyano, el camionero cordobés denunció ante la Justicia a uno de los hijos del cacique sindical por "amenazas de muerte". Esa intimidación ocurrió -según Saillen- en un restorán porteño. "Estábamos por sentarnos en La Taverna y apareció el hijo de Hugo Moyano. Me llamó traidor, patearon una mesa y mostraron un arma en la cintura diciendo 'te vamos a llenar de plomo'", relató en julio pasado.
En este contexto y en medio del escándalo por lavado de dinero por $ 580 millones que lo señala como instigador del vaciamiento de Sichoca y Oschoca, el jefe cegetista busca trabar el funcionamiento de la novedosa Osurrbac. Su principal temor es que otras filiales de choferes del país armen nuevas obras sociales regionales y que brinden prestaciones de salud de mejor calidad que la suya, lo que pondría en jaque una suculenta caja gremial recaudatoria. Por ese motivo denuncia a Korenfeld y a Tomada. En el comunicado, Moyano admite en tercera persona que habilitar a Osurrbac "conlleva a la destrucción del sistema de salud de los trabajadores y se suma al desfinanciamiento sistemático de las obras sociales sindicales, en particular las que conduce Hugo Moyano".
En el parte de prensa también se queja de la "imposición de atención en la salud de trabajadores (monotributistas) cuya responsabilidad del Estado es indelegable, y a la retención grosera de fondos que corresponden" a las entidades sindicales.
La denuncia llega a la par que Saillen, que cuenta con juego político propio en el terreno de José Manuel De la Sota, celebra con un multitudinario acto en la capital provincial el permiso oficial para operar de la obra social y relanza las 62 Organizaciones Sindicales Peronistas de Córdoba.
Según dijo en las últimas horas, con las 62 el objetivo es "recuperar una herramienta histórica para los trabajadores, en un momento donde necesitamos trabajar territorialmente para consolidar y profundizar este proyecto nacional y popular".
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