La investigación judicial por los narcopolicías involucra al comisario mayor Rafael Gustavo Sosa (foto, de lentes), exjefe Lucha contra el Narcotráfico de Córdoba.
El fiscal federal Enrique Senestrari, quien investiga la supuesta relación entre policías y narcotraficantes, pedirá investigar otro presunto suicidio, en este caso de una mujer policía, que según su criterio podría estar vinculado con esta causa.
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Senestrari entiende que esta muerte, al igual que una anterior (el presunto suicidio de un efectivo de Drogas Peligrosas), podría estar relacionada con el narcoescándalo, por lo que solicitará ser él quien investigue el hecho.
Se trata de la muerte de la joven policía Damaris Roldán, de 24 años, quien vivía en el barrio Santa Isabel II al sur de la ciudad, y en la madrugada del 17 de septiembre fue hallada sin vida en un baldío, y presuntamente se suicidó.
Roldán fue hallada muerta por un disparo en la boca 10 días después de que el policía Juan Alós, de 34 años, que prestaba servicios en Drogas Peligrosas, apareciera muerto cerca de Bosque Alegre, también presuntamente tras suicidarse.
Al comunicar a la prensa su intención de incorporar a la causa principal del narcoescándalo la muerte de Roldán, Senestrari dijo que "salta una fuerte sospecha, a través de declaraciones de sus familiares, de que ella sabía lo que pasaba en el ambiente de Drogas".
El fiscal apunta la sospecha al "mismo grupo" de cinco policías de Drogas Peligrosas que permanece detenido, aunque Roldán no formaba parte de esa Dirección.
Explicó el fiscal que "en apariencia, se trata de un suicidio; pero tiene el mismo formato de ejecución de la muerte de (Juan) Alós; un disparo en la boca, es hallada en la vía pública".
La investigación judicial por los narcopolicìas que lleva adelante Senestrari involucra al comisario mayor Rafael Gustavo Sosa (exjefe Lucha contra el Narcotráfico); comisario Alberto Saine; oficial Franco Argüello y los suboficiales Fabián Peralta Dátoli y Mario Osorio. Los policías se encuentran detenidos en la cárcel de Bower imputados de los presuntos delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falso testimonio.
"Sin embargo -remarcó-, una serie importante de testimonios dan a entender que podría tratarse de una simulación".
Senestrari sigue reclamando el expediente por la muerte de Alós, a lo que se niega el fiscal provincial de Alta Gracia Emilio Drazile, que investiga el caso, cuestión de competencia que podría definir la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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