El diputado nacional del Frente para la Victoria (FpV), Héctor Recalde, cuestionó a las entidades que se opusieron a la creación de una Comisión Bicameral que investigue la complicidad de los empresarios en los delitos económicos durante la dictadura.
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"No espera una reacción así de los industriales", dijo Recalde al ser consultado por radio 10 sobre el fuerte rechazo de la UIA a la iniciativa. En ese marco, el diputado y abogado laborista recordó que la votación en la Cámara de Diputados resultó por 170 a favor y 14 abstenciones, pero ningún voto en contra. "Ninguna personas entendió que había que rechazar la ley. Todos los días aparece una entidad nueva. Hoy, es el Colegio de Abogados, no el Colegio Público de Abogados", aclaró.
"El Colegio de Abogados es caracterizado con personas que piensan todo distinto al Gobierno, son absolutamente liberales en economía y muchos fueron funcionarios durante la dictadura. Es trucho, no es el Público", aseveró Recalde en diálogo con el programa "Levantado de 10".
La iniciativa impulsada por el asesor cegetista y que ahora debe tratar el Senado apunta a la elaboración de un informe sobre las consecuencias de la política económica instaurada tras el golpe de 1976 y la identificación de actores económicos y financieros que contribuyeron y/o se beneficiaron con el terrorismo de Estado.
"Era esperable que salga el Coloquio de IDEA, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC)", aseguró, pero advirtió que "nadie dijo en qué se viola" la ley actual si se abre la Comisión.
Sin embargo, Recalde remarcó que no todos los empresarios se oponen. "Un industrial del Chaco, el titular de la UIA chaqueña, Andrés Irigoyen dijo: '¿no sé por que se niegan si supuestamente no hicieron anda?'", subrayó el diputado.
Asimismo, el parlamentario indicó que la tarea de la Bicameral comenzará por la revisión de lo actuado por la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), el órgano de facto que reemplazó al Congreso nacional desde el golpe del '76. "¿Al servicio de quién trabajaron (los asesores nombrados por la Junta)? ¿Qué empresarios se beneficiaron?", se preguntó Recalde.
La CAL estuvo integrada por nueve oficiales superiores, tres por cada una de las Fuerzas Armadas, y se encargó de la sanción de los decretos-leyes. Su función era asesorar al Poder Ejecutivo "acerca de la interpretación del pensamiento militar conjunto respecto de asuntos trascendentales, bien como considerando la exigencia de dar prioridad a los objetivos establecidos en el documento "BASES" o a las actualizaciones que al mismo introduzca la Junta Militar".
