El grueso del arco opositor en Diputados presentó una demanda por "abuso de autoridad" contra el titular de la Cámara baja, Julián Domínguez, en un último intento de frenar el debate por la reforma del Código Civil, que hoy el kirchnerismo espera convertir en ley.
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Fuentes legislativas confirmaron a ámbito.com la decisión de los legisladores opositores. Entre los denunciantes estarán Elisa Carrió (Coalición Cívica), Darío Giustozzi (Frente Renovador) y Mario Negri (UCR), entre otros.
"No vamos a dar quórum, si lo consiguen vamos a dar el debate", explicó Negri en los Tribunales de Comodoro Py.
Al respecto, el diputado nacional Fernando Sánchez (Coalición Cívica) explicó que la denuncia es por "abuso en las decisiones político-administrativas" para impulsar el tratamiento en el recinto de la ley de unificación y reforma del Código Civil y Comercial.
"Con la mayor parte de los diputados de la oposición vamos a hacer una presentación penal por abuso de lo que fueron las decisiones políticas administrativas de este proceso", aseveró el legislador por la ciudad de Buenos Aires en diálogo con la radio El Mundo.
Sánchez sostuvo que, sin perjuicio del dictamen de esa comisión bicameral, y según lo establecido en la Constitución nacional, antes de votarlo en el recinto deben tomar intervención las comisiones permanentes de la Cámara baja.
"No estamos en contra de que se debata. Al contrario, queremos que se debata plural y públicamente el Código Civil, queremos que haya un consenso amplio, no queremos que haya cuatro definiciones distintas de qué es la vida humana, y que nos lleven a los sopapos a votar una definición que ni siquiera sabemos cuál es. No vamos a permitir que el FPV-PJ violente todas nuestras obligaciones de representación popular", aseveró Sánchez.
Al respecto, Domínguez afirmó que le "causa gracia" la denuncia penal por haber impulsado el tratamiento del nuevo Código Civil y Comercial sin que pase por las comisiones permanentes de la Cámara baja, y sostuvo que el proyecto se discutió durante "más de dos años".
"No sé nada (de la denuncia penal). Me causa gracia que por ejercer la función de presidir el cuerpo se judicialice la política. No hay antecedentes", dijo el diputado kirchnerista en una entrevista que le concedió a la radio Continental.
"En el proyecto de reforma, actualización y unificación del Código Civil y Comercial intervinieron activamente más de cien juristas de toda la Argentina y fue pública la intervención activa del presidente de la Corte Suprema de Justicia (Ricardo Lorenzetti). Lo que se pretendió con el dictamen de una comisión especial fue que el proyecto tuviera unidad, integralidad y especificidad", sostuvo.
De esta manera, aludió al principal cuestionamiento de la oposición, que es que el dictamen que se tratará desde el mediodía de este miércoles fue firmado por el presidente del Senado, Amado Boudou, y sin que la iniciativa haya sido debatida en las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados.
Afirmó que la denuncia penal en su contra no podría detener la sesión de este miércoles porque "la doctrina argentina ha sido contundente en torno de que no puede otro poder meterse en la vida del Poder Legislativo" y que "sería ya un nivel de agresividad institucional del cual no hay antecedentes".
"No creo que sea posible. Me parece un agravio innecesario. Y los coloca a los señores legisladores en renunciar a lo que es la característica propia de un Poder como el Legislativo, que es la discusión", aseveró Domínguez y sostuvo que no tiene "la más mínima preocupación" respecto de que se caiga la sesión.
"En la comisión bicameral trabajamos quince diputados, quince senadores, quince titulares y quince suplentes, para producir un dictamen y garantizar la unidad del trabajo. Ya trabajaron previamente diputados de todos los bloques, desde julio de 2012, cuando se crea la bicameral, hasta fines del año pasado. Se hicieron 22 audiencias públicas de dos días cada uno, es decir 45 días fuera de los despachos, desde Tierra del Fuego, Jujuy, Mendoza y en las universidades públicas todas", argumentó.
Cuestionó en particular a los diputados Federico Pinedo (PRO), Juan Pedro Tunessi (UCR) y Graciela Camaño (Frente Renovador), por haber formado parte de la comisión bicameral y ahora oponerse al tratamiento del proyecto en la sesión.
"Antes de la constitución de la comisión, el doctor Pinedo, la doctora Camaño y el doctor Tunessi, plantearon que la comisión bicameral tenía como propósito producir un dictamen último firmado por diputados y senadores para ser tratado por la cámara de origen, en este caso el Senado, y darle giro a Diputados", aseveró Domínguez.
Dijo que "a esta comisión bicameral la integraron diputados y senadores que trabajaron previo al dictamen que produjo el Senado", y que una vez emitido el despacho "está desde hace un año en la Cámara de Diputados para su tratamiento, colgado en la página web, con todas las disposiciones".
"Lo que hoy se está haciendo es someter a la discusión que hace más de dos años se vino discutiendo a la Argentina", aseveró y señaló que, de ser convertido en ley este miércoles, el nuevo Código Civil y Comercial recién "entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2016".
"Lo que no han hecho muchos legisladores es estudiar el tema y hoy consideran que se lo trata de apuro, pero lo que hacen en realidad es impedir su tratamiento", concluyó.
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