El juez federal Sebastián Casanello envió este viernes a juicio oral a once acusados en la causa por las escuchas ilegales en la que está procesado Mauricio Macri, pero evitó sentar en el banquillo de los acusados al jefe de Gobierno por falta de pruebas.
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Fuentes judiciales revelaron que el magistrado no tiene elementos suficientes para enjuiciar al alcalde capitalino, imputado como presunto miembro de una "asociación ilícita" dedicada al espionaje ilegal de empresarios, políticos y ciudadanos, pero en su resolución Casanello cuestionó esa figura y puso en duda su existencia para cometer los delitos investigados. También se lo acusó por violación de secretos, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos.
Sin embargo, Casanello ordenó el enjuiciamiento de 11 procesados en el mismo expediente, aunque con diversas imputaciones. Entre ellos, irán a juicio el exjefe de la Policía Metropolitana, Jorge "Fino" Palacios, el exnúmero 2 de la fuerza, Osel exespía de la Policía Federal, Ciro Gerardo James, y el exministro de Educación porteño, Mariano Narodowski.
Sobre Macri todavía pesa el procesamiento confirmado por los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, que sostuvieron en 2010 que el jefe de Gobierno "conoció y prestó su consentimiento para instalar, en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un aparato de inteligencia prohibido, del cual se habría servido".
A Macri se le atribuye responsabilidad en dos casos puntuales: las escuchas ilegales a su cuñado, el parapsicólogo Daniel Leonardo, y a Sergio Burstein, integrante de Familiares de las Víctimas del Atentado a la AMIA.
Desde que estalló el escándalo de las pinchaduras en 2009, el líder del PRO siempre se desligó de las imputaciones y denunció una campaña del kirchnerismo en su contra, con manipulación de jueces y testigos.
En el reciente fallo Casanello decidió no enjuiciarlo, pero aseguró que seguirá siendo investigado. Por ese motivo, ordenó nuevas medidas de prueba, como citar como testigo al ministro de Seguridad y Justicia porteño, Guillermo Montenegro, quien está sobreseído en este expediente, y pidió indagar sobre la empresa de seguridad privada supuestamente contratada por Franco Macri para investigar a Leonardo.
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