El 14 de mayo de 2013, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, firmó el decreto de necesidad y urgencia Nº2 con el supuesto argumento de defender la libertad de expresión en la Ciudad de Buenos Aires pero en realidad se trató de un texto a medida de Clarín. Allí, el líder de Cambiemos estableció la expresa prohibición de clausurar medios de comunicación y dispuso que las autoridades de la Ciudad "no podrán dictar actos administrativos" que afecten la libertad de prensa.
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En ese DNU, Macri indicó que "las instalaciones de medios de comunicación ubicadas en el territorio de la Ciudad necesarias para la difusión de información, opiniones o ideas, mediante cualquier soporte o modalidad de información, no podrán ser clausuradas ni sus equipos decomisados por la administración pública salvo mediante orden judicial que se encuentre firme".
También firmó que "no podrá ser suspendida, interrumpida, demorada ni dificultada la actividad profesional de los periodistas, productores y editores que se domicilio en la Ciudad o ejerzan sus actividad en la misma, ni la de los medios de comunicación que en ella tengan su domicilio o instalaciones, cualquiera sea el soporte o modalidad que utilicen para la difusión de información, opiniones o ideas".
Además estableció que "no podrán restringirse las libertades de imprenta, prensa y expresión de los medios de comunicación con domicilio o instalaciones en la Ciudad, ni el derecho al libere acceso a la información de las personas de la Ciudad por vías indirectas tales como el abuso de controles oficiales, la imposición de aranceles, impuestos, regulación o cargas extraordinarias para la producción o importación de papel para medios gráficos, de enseres, equipos, insumos y aparatos necesarios para la difusión de expresiones, información, opiniones o ideas por cualquier soporte o modalidad".
A los 15 días de la firma, la propia Legislatura porteña convirtió aquel decreto en la ley de defensa de la Libertad de Expresión, con leves modificaciones. En definitiva, la ley de medios porteña tuvo como origen un decreto sustentado en la necesidad y urgencia de Mauricio Macri de proteger a Clarín de los rumores que hablaban por entonces de una "inminente" intervención del Gobierno Nacional al Grupo Clarín, algo que nunca ocurrió.
Una vez aprobada la ley, la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales (AFSCA), que preside Martín Sabbatella pidió que se declare inconstitucional la ley de medios porteña. En primera instancia el planteo fue rechazado, pero en mayo de 2014 la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo hizo lugar al pedido de la AFSCA y suspendió en medida cautelar la norma nacida del decreto de Macri.
