Procesaron a Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito

Ricardo Jaime.

El exsecretario de Transporte Ricardo Jaime fue procesado por el delito de enriquecimiento ilícito, en la causa que lleva el juez federal Sebastián Casanello.

La medida, además, alcanza su hermano, Daniel Jaime, a su exesposa, Silvia Reyss, sus hijas, y a su asesor privado, Manuel Vázquez, además de empresarios del área de Transporte.

Jaime fue proceso por un incremento patrimonial en 12,5 millones de pesos mientras se desempeñó como Secretario de Transportes de la Nación (desde el 28 de mayo de 2003 hasta el 1 de julio de 2009), el que "no se condice con los recursos lícitos que el ex funcionario recibía como contrapartida a su función, no habiéndose acreditado ni declarado la existencia de algún otro ingreso", lo que fue corroborado por una pericia contable ordenada por el magistrado y el fiscal Carlos Rívolo.

Entre los bienes que Casanello le imputó a Jaime se encuentran un yate, un avión Lear Jet que utilizaba "asiduamente", más de cinco automóviles de lujo, dos motocicletas de alta gama, y departamentos y countries en Buenos Aires, Río Gallegos e incluso en Brasil, que habrían puesto a nombre de testaferros del exfuncionario, imputado en múltiples causas y juicios por hechos de corrupción.

Al respecto, el fallo subrayó que "en ninguno de los casos las personas físicas o jurídicas que figuraron como titulares de los bienes estaban en condiciones económicas para afrontar tales adquisiciones", una conclusión que surge del análisis realizado por el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales, estudio que contó además con la presencia de peritos de parte.

En paralelo, "se pudo probar, en todos los casos, la íntima vinculación de los titulares de los bienes, o de los representantes o directivos de las firmas a cuyo nombre se encontraban, con la persona de Jaime" y que "el incremento patrimonial de las personas investigadas y reputadas como intermediarias aconteció con posterioridad" a que fuera designado al frente de la Secretaría de Transporte.

"La adquisición de los bienes que aquí se han detallado no podía ser justificada a través de los ingresos legítimos y declarados por el exsecretario y comenzaron a tener lugar, precisa y claramente, una vez que Jaime se puso al frente de la Secretaria de Transporte de la Nación", indicó Casanello.

Y, por eso, remarcó que "el drástico y evidente cambio en el nivel de vida del exfuncionario, desde un punto de vista material es adjudicable a los ingresos no declarados, pero presumiblemente producidos durante el ejercicio del cargo de Secretario de Transporte".

El juez señaló además en su resolución que el dinero en efectivo secuestrado en su domicilio (50.200 pesos, 45.329 dólares y 10.020 euros) "viene a completar el cuadro, presentándose como inexplicable a la luz de la capacidad económica declarada de acuerdo a sus ingresos legítimos".

"Jaime no sólo conocía el alto cargo que desempeñaba sino también las obligaciones que él implicaba. Los elementos probatorios reunidos indican que tuvo la intención de incrementar su situación patrimonial, sabiendo que lo hacía por sobre sus ingresos. A ese propósito y a la necesidad de disimular el crecimiento patrimonial obedeció la aparición de personas interpuestas, circunstancia que es un elemento objetivo que permite afirmar el dolo del imputado", subrayó.

Respecto a Vázquez y su hijo, Julián, el magistrado los identificó como quienes "gestionaron la compra de la aeronave Learjet 31 A matrícula N786YA para que integrara el patrimonio en negro del exfuncionario" y que fue utilizado por Jaime "para sus desplazamientos en el interior del país y además por su círculo íntimo: pareja, hijas, hijastras, yerno, nieta, asesor, jefa de protocolo".

Respecto a Reyss, Casanello remarcó que Jaime se aprovechó de su mujer "como pantalla para disimular su enriquecimiento ilícito", ya que a su nombre figuran automóviles, embarcaciones, varios inmuebles y countries, además de acciones en empresas, mientras que -según el estudio contable realizado- "no tenía capacidad económica para la realización de tales gastos e inversiones".

La causa se inició en julio de 2008 por una denuncia basada en un artículo periodístico, en el que se relataba que inexplicablemente Jaime se había empobrecido con la función pública -tal lo consignado en su declaración jurada-, y que aun así era propietario de una motocicleta de alta gama.

También señalaba el artículo que mientras que Jaime declaraba ahorros por un total de ciento sesenta pesos, vivía en un amplio departamento en una de las zonas más caras de la Ciudad -Avenida del Libertador y Cerrito-, en la que el costo de un alquiler promedio rondaba los 2 mil dólares más expensas, lo que no se condecía con el sueldo que percibía como funcionario.