Revés para Gils Carbó: frenan designación de 16 nuevos fiscales

El juez en lo Contencioso Administrativo federal Enrique Lavié Pico dispuso este viernes una "medida precautelar" que frena la designación de 16 fiscales por parte de la Procuración General de la Nación.

Se trata de los nombramientos realizados por Alejandra Gils Carbó que entrarían en vigencia el 2 de febrero próximo, pero que fueron duramente cuestionados por un sector de la Justicia y un grupo de dirigentes de la oposición.

Ahora, Lavié Pico hizo lugar a un recurso de amparo hecha por el abogado y diputado bonaerense por el Frente Renovador, Mauricio D'Alessandro, y congeló la asunción en los cargos. Podrían tener el mismo resultado o caer en desuso otras dos presentaciones similares, una del secretario general del gremio de judiciales, el moyanista Julio Piumato, y otra de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación que dirige el antikirchnerista acérrimo Ricardo Recondo. La presentación de la Asociación también recayó en la oficina de Lavié Pico.

Entre las 16 designaciones hechas por Gils Carbó en distintos tribunales, los más cuestionados son los fiscales generales ante la Cámara Federal de Capital Federal de Miguel Ángel Osorio y Miguel Palazzani, dos hombres que le responden. También criticaron la salida del fiscal subrogante Eduardo Taiano y el nombramiento en su lugar nombrar a Leonel Gómez Barbellá; y de Juan Pedro Zoni en reemplazo de Gerardo Di Masi.

La principal objeción a los nombramientos es que la reciente reforma del Código Procesal Penal aún no fue implementada y, en consecuencia, los nombramientos dispuestos en el Anexo II de esa ley "resultan nulos de nulidad absoluta por carecer del elemento causa".

"La Asociación cuestionó la legalidad de las designaciones. El trámite de D'Alessandro se presentó primero y estaba mucho más adelantado, por eso salió antes", ratificó el vicepresidente de la entidad, Ricardo Sáenz.

"Somos optimistas de que iba a salir esta medida. Pedimos que la Justicia haga el análisis de que son ilegales. El Anexo que prevé los cargos está en un Código que no sabemos cuándo empezará a regir. Falta que se junte una comisión bicameral que fije cuándo entra en vigencia, y además son subrogantes", sostuvo el dirigente de la agrupación de magistrados.

"Que los fiscales y jueces serán independientes y no tengan afinidad política beneficiará a la gente común", agregó .

Ahora, la procuradora tiene 48 horas para apelar la decisión. La anteúltima palabra la tendrá entonces la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que este jueves rechazó "habilitar la feria judicial" para tratar un planteo de un colaborador del fiscal José María Campagnoli, quien se opone a un concurso para designar a dos de los fiscales ante el fuero penal federal porteño.

"La habilitación de la feria judicial es una medida de carácter excepcional, que debe ser aplicada restrictivamente, sólo en aquellos casos que no admitan demora en su tratamiento...durante el presente mes de enero la Procuración General de la Nación, ámbito en el cual se desarrolla el concurso en el cual fueron dictadas las resoluciones objeto de impugnación, también se encuentra de receso", explicó la "sala de Feria" del Tribunal al rechazar el pedido.

• Godoy a la Magistratura

En otra resolución, Lavié Pico determinó que no es necesario ser abogado para integrar el Consejo de la Magistratura. Con esa decisión, avaló la designación en el cuepor del senador kirchnerista Ruperto Godoy, que había sido fuertemente cuestionado por no ser abogado.

El fallo responde a un planteo iniciado por el ex integrante del consejo opositor, el letrado Alejandro Fargossi, contra la ley que reformó la ley que rige el funcionamiento del organismo encargado de instar la promoción y remoción de los jueces. En su sentencia, el juez consideró que la Corte Suprema, al declarar la inconstitucionalidad parcial de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, no invalidó el artículo 5, que es justamente el que omite el requisito de ser letrado para ser consejero.

El juez Lavié Pico invocó el "Fallo Rizzo" de la Corte Suprema, en el cual se dio marcha atrás con la pretendida reforma judicial instada por el Gobierno nacional.

En su planteo, el ex consejero Fargosi consideró que no obstante ese fallo, "la designación del senador Godoy como miembro del Consejo de la Magistratura viola la medida cautelar dictada en el juicio que inició contra la ley 26.855, que había sido confirmada por la Cámara de Apelaciones y estaba firme".

El artículo quinto de la ley establece que "para ser miembro del Consejo de la Magistratura se requerirá contar con las condiciones mínimas exigidas para ser diputado. No podrán ser consejeros las personas que hubieran desempeñado cargo o función pública jerárquica durante la última dictadura cívico-militar o respecto de quienes se verifiquen condiciones éticas opuestas al respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos".