Santa Cruz denunció por "sedición" a los policías autoacuartelados

El Gobierno de Santa Cruz denunció por el posible delito de "sedición" a los policías provinciales autoacuartelados en la localidad de Caleta Olivia, al tiempo que la Nación envió unos 200 efectivos de Gendarmería y Prefectura para que patrullen la zona.

El fiscal de Estado de la provincia, Iván Saldivia, "inició las acciones legales bajo el posible delito de sedición" ante el Juzgado Federal de Río Gallegos y "se entregó la nómina del personal autoacuartelado", precisó el ministro de Gobierno santacruceño, Gustavo Martínez.

Asimismo, el funcionario provincial afirmó que están "preocupados por la seguridad de la comunidad de Caleta Olivia, de Río Gallegos y de toda la provincia" y consideró que detrás del reclamo salarial hay un "reclamo político interno" de los delegados de la fuerza, que son los encargados de representar a los efectivos en el Consejo del Salario provincial.

Ante la medida de fuerza y el pedido del gobernador local, Daniel Peralta, la Nación envió unos 200 efectivos de Gendarmería y Prefectura para que realicen tareas de seguridad en las regiones donde los uniformados santacruceños abandonaron sus puestos.

"La Provincia no está en condiciones de generar aumento salarial para la Policía. El salario que tienen es uno de los mejores en el ámbito provincial: un agente que recién entra está cobrando unos 12 mil pesos y un sargento casi 21 mil pesos", precisó Martínez en diálogo con Radio La Red, al tiempo que recalcó que el autoacuartelamiento involucra a "un sector" y no a "totalidad" de los uniformados.

En ese sentido, el ministro de Gobierno puntualizó que "la Policía en Santa Cruz cuenta con 5 mil efectivos, en 20 localidades", de los cuales "unos 250 efectivos efectúan la protesta", por lo que "el 90 por ciento de la Provincia no se ha plegado al reclamo".

Finalmente, el funcionario informó que se aplicarán a partir de este viernes sanciones a los efectivos que se plieguen al autoacuartelamiento, con multas que van desde los 700 a 1.200 pesos.

En tanto, Saldivia se refirió a la presentación judicial realizada: "Por instrucción del Poder Ejecutivo provincial trabajamos en una denuncia por el delito de presunta sedición contra los policías acuartelados. Una vez presentada ante el juzgado federal de Río Gallegos, será el mismo el que deba investigar y decidir si el delito se está llevando a cabo", explicó.

"Nosotros cumplimos con presentar la denuncia ante lo sucedido y es responsabilidad del juzgado determinar la si el delito existe y las penas correspondientes", concluyó el fiscal en declaraciones al portal Infojus Noticias.

Por su parte, el presidente de la Asociación Civil Policial, Horacio Contreras, señaló que esa entidad está "en contra de la medida de fuerza" y recalcó que los autoacuartelados "casualmente, son el sector que responde a la fuerza que perdió las elecciones de la ACP recientemente".

"Las 12 localidades del interior están trabajando en forma normal, no hubo acatamiento a esta medida y no la va a haber", concluyó Contreras en Nacional Rock.

Por la mañna, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que el motín "debe ser absolutamente normalizado", al tiempo que remarcó que el acuartelamiento "es un delito de sedición tiene que ser severamente castigado" y dijo que la actitud de los efectivos "requiere repudio y condena".

"Un policía que promueve acciones de esta naturaleza está delinquiendo", enfatizó. "Debe existir cohesión y disciplina en las fuerzas de seguridad para servir a los habitantes", agregó.

Desde Casa de Gobierno, el jefe de Gabinete acotó la rebelión policial en Caleta Olivia a "260 agentes sobre casi cinco mil que tiene la provincia" patagónica.

En cuanto a la resolución del conflicto, indicó que "es menester la acción tanto correctiva como preventiva de los gobiernos provinciales".

En ese marco, recordó que "cualquier cuestión asociada a un acuartelamiento es un delito" y llamó a "terminar con la apología del delito sistemática".

En ese sentido, recordó lo sucedido el año pasado con los motines policiales realizados en distintas provincias. "La estrategia urdida por grupos de opositores en donde muchos policías provinciales fueron instrumentos el 2 de diciembre de 2003, fue una estrategia de golpismo", afirmó el jefe de Gabinete.