Se inició en la Corte debate por sindicalización policial

La Corte Suprema de Justicia realizó una audiencia para analizar la sindicalización de las fuerzas policiales y de seguridad, en el marco de un encuentro que contó con la participación de representantes gremiales y del gobierno nacional, que manifestó que se opone a esta iniciativa.

"No hay una ley que habilite esa posibilidad", afirmó el abogado Norberto Ciaravino, representante del Ministerio de Trabajo de la Nación, en el marco de la audiencia realizada en el máximo tribunal.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dejó en claro, en declaraciones formuladas más temprano, que las fuerzas de seguridad "no tienen derecho a realizar huelga por una prohibición expresa que figura en el artículo 252 del Código Penal".

"Las fuerzas policiales no poseen derecho a la huelga. Esto está prohibido por ley. Quienes ingresan a un cuerpo de seguridad saben que esas son las reglas del juego", fundamentó Fernández en diálogo con la prensa, antes de ingresar a su despacho.

El Sindicato Policial de Buenos Aires (SIPOBA) reclama el derecho a la agremiación basándose en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que para sus integrantes "garantiza la organización sindical con la inscripción en un registro especial".

"El policía está en la misma situación de sometimiento que el obrero del siglo XIX", sintetizó Lugones, para quien "el sindicato es el ámbito donde el policía honesto podría respaldarse", señaló Luis Alberto Lugones, representante legal del SIPOBA.

Esta agrupación de uniformados pretende inscribirse como gremio desde 1998, pero el entonces ministro de Trabajo, Antonio Erman González, rechazó el pedido, algo que volvió a ocurrir en 2002, cuando al frente de la cartera estaba Graciela Camaño.

Entonces, el SIPOBA acudió a la justicia laboral, y en octubre de 2010, la cámara del fuero, con los votos de María Margalejo y Juan Fernández Madrid y la disidencia de Oscar Zas, rechazó la demanda por considerar que la situación de los policías "no es asimilable" a la de otros trabajadores.

Un argumento similar mencionó en su exposición Ciaravino, cuando dijo que la sindicalización "es incompatible" con la estructura vertical de las fuerzas de seguridad.

"La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía" las garantías establecidas para los gremios, opinó la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, cuando emitió su dictamen previo a la decisión de la Corte.

En calidad de "amicus curiae", el diputado por el Frente Renovador Facundo Moyano, sostuvo ante los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco que "la sindicalización es un salto de calidad" para la seguridad de la ciudadanía. "Existe la necesidad de contar con un ámbito institucional para canalizar conflictos. En los reclamos adoptados hace un par de años por los policías de Córdoba y Buenos Aires se produjo una negociación sindical de hecho", sostuvo Moyano.