Senado aprobó Ley de Hidrocarburos

La Cámara alta sancionó el proyecto del Ejecutivo con 38 votos a favor y 28 en contra y lo giró a Diputados. Fue en el marco de una sesión especial en la que el oficialismo defendió en soledad la iniciativa, ante el rechazo generalizado del arco opositor.

El bloque K en el Senado durante la sesión especial convocada para debatir el proyecto de ley de Hidrocarburos.

El Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Hidrocarburos con 38 votos a favor y 28 en contra, en el marco de una sesión especial en la que el oficialismo defendió en soledad la iniciativa, ante el rechazo generalizado del arco opositor.

En la votación sólo se abstuvieron el radical Oscar Castillo y la senadora del Movimiento Popular Neuquino (MPN) Lucila Crexell.

El principal argumento del oficialismo a favor de la iniciativa (consensuada entre la Casa Rosada y los gobernadores de las provincias petroleras) fue que permite atraer inversiones para la explotación de los recursos hidrocarburíferos y garantizar el autoabastecimiento.

Por su parte, la oposición sostuvo que el proyecto "avasalla" las jurisdicciones provinciales y que implica la "entrega" de los recursos, además de cuestionarle la ausencia de previsiones ambientales.

La defensa inicial del proyecto estuvo a cargo del oficialista neuquino Marcelo Fuentes, se refirió especialmente a los recursos gasíferos y petrolíferos no convencionales y remarcó que su obtención requiere de "inversiones de una magnitud que demandan generar mecanismos de asociación".

Además, vinculó esta cuestión con el conflicto que tiene la Argentina con los fondos buitre, al afirmar que "la independencia, la soberanía y el abastecimiento energético de la Nación están íntimamente vinculados al conflicto con estos fondos".

El jefe del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, utilizó un argumento de la oposición (que señaló que el proyecto está hecho a medida de YPF) y sentenció: "Se dijo que era una ley para YPF. Ojalá sea cierto. Es una muy buena ley si está hecha en beneficio de YPF".

A su turno, el senador del Movimiento Popular Neuquino (MPN) Guillermo Pereyra justificó su rechazo al proyecto cuando consideró que "refleja gran improvisación" y está "enfocado caprichosamente a modificar los roles y facultades de las provincias".

La rionegrina Magdalena Odarda, del Frente Amplio UNEN, sostuvo que el proyecto "significa la mayor entrega de soberanía de los últimos años" y junto a sus compañeros de bloque (Fernando "Pino" Solanas, Rubén Giustiniani, Jaime Linares y Norma Morandini) presentó una iniciativa propia.

La chubutense del Peronismo Federal Graciela di Perna calificó el proyecto como "una imposición del Estado nacional sobre los Estados provinciales" y opinó que "así no se acuerdan las políticas de Estado".

El radical Mario Cimadevilla, otro representante de la provincia de Chubut, aseguró que "el partido de Gobierno" usó "para privatizar YPF en la década del 90 los mismos argumentos que utilizan ahora para impulsar esta ley" y advirtió que el proyecto "plantea la enajenación de los recursos energéticos".

La puntana Liliana Negre de Alonso, del Peronismo Federal, evaluó que el proycto "tiene un gran avasallamiento al federalismo y un incumplimiento y violación expresa de lo que establece la Ley de soberanía hidrocarburífera".

El proyecto fija nuevos plazos para las concesiones, diferenciados según el tipo de explotación: 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los desarrollos off-shore en la plataforma marítima argentina.

Se introdujo una modificación para que las explotaciones off-shore gocen de un beneficio fiscal del 20 por ciento siempre que la perforación se realice en una distancia menor a los 90 metros de la superficie, pero cuando supere esa distancia el beneficio será del 60 por ciento.

Además, las provincias podrán otorgar prórrogas de 10 años a las empresas que cumplan con las inversiones, que además deberán pagar mensualmente regalías por un 12 por ciento, monto que los gobiernos provinciales podrán incrementar un 3 por ciento como máximo.

La iniciativa también acorta los plazos de los permisos con el objetivo de incentivar las inversiones en la etapa de exploración, las cuales no podrán ser inferiores a 250 millones de dólares.