"Si hay pruebas concretas contra Milani, seremos los primeros en actuar"

Juan Cabandié.

El diputado del FPV y nieto recuperado, Juan Cabandié, aseguró que en caso de que surjan "pruebas concretas" contra el jefe del Ejército César Milani, acusado de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la última dictadura militar, en el kirchnerismo serán "los primeros en actuar". En ese sentido, pidió dejar que avance la causa judicial.

"Mi postura es que avance la investigación judicial, vamos a ser los primeros en tomar las decisiones en caso de que haya una prueba concreta y firme sobre la supuesta actuación de Milani", dijo Cabandié en declaraciones a FM Nacional Rock.

Los dichos de Cabandié se producen luego de que ayer el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) respondió el descargo que realizó Milani durante el fin de semana, en el que se quejó de "sospechas infundadas" en su contra, y afirmó que el militar "invocó la obediencia debida", cuando argumentó que tenía 21 años de edad y no ocupaba ningún cargo de mando en el momento en que se produjeron las detenciones ilegales de Pedro y Ramón Olivera.

"Ni la edad que tenían los integrantes de las fuerzas armadas ni su rango en ese momento son atenuantes reconocidas en las sentencias confirmadas por la Cámara de Casación y oportunamente por la Corte Suprema", dijo el organismo, presidido por el periodista Horacio Verbitsky, en un comunicado titulado "El jefe del Ejército invocó la obediencia debida en su respuesta al CELS".

"Hoy vemos con preocupación que la persona que tiene la responsabilidad de conducir las fuerzas armadas hace propios, en el ejercicio de su investidura, argumentos que contradicen avances fundamentales de la reconstrucción democrática llevada adelante por toda la sociedad argentina en los últimos treinta años", señaló el CELS.

De esta manera, aludió a un comunicado de Milani del fin de semana último, en el que señaló que "se probó que cuando ocurrieron los hechos (la detención de Pedro Adán Olivera) contaba con 21 años de edad y que el día 12 de marzo de 1977 no estaba a cargo" de ese procedimiento.

"No incurrí en el delito de privación ilegítima de la libertad al haber acompañado a la policía provincial en los traslados de presos políticos, desde la cárcel de La Rioja hasta el juzgado federal, puesto que no contaba con ningún elemento objetivo que me hiciera pensar que las órdenes de traslado impartidas por un juez federal de la Nación en realidad estaban viciadas de ilegalidad, como se determinó treinta años más tarde", señaló el jefe del Ejército en su escrito.

Frente a esa explicación de Milani, el CELS subrayó: "La jurisprudencia sostiene que el Instituto de Rehabilitación Social de La Rioja funcionó como centro clandestino de detención en el que convivían detenidos legales con detenidos-desaparecidos. Está documentado que tanto las víctimas como las fuerzas armadas sabían que el IRS era parte del circuito represivo de la provincia".

Asimismo, señaló que "todos los planteos defensistas del jefe del Ejército son la evidencia de que hay mérito para continuar la investigación" y agregó que "Milani afirma que su versión de los hechos está probada" y que "eso no es así ya que la justicia no ha determinado ni la verdad ni la falsedad de la denuncia por violaciones a los derechos humanos en La Rioja" en la que está involucrado.

El organismo cuestionó también que Milani haya enfatizado que su nombre "no aparece" en denuncias de La Rioja y que haya buscado "desprestigiar a Ramón Olivera atribuyéndole intereses políticos o contactos con periodistas", en relación con que el jefe del Ejército denunció que la causa en su contra está "armada" porque el denunciante mantuvo contactos previos con la producción de un programa de televisión de Canal 13.