Los exintegrantes del gabinete menemista Domingo Cavallo, María Julia Alsogaray y Raúl Granillo Ocampo hicieron su último descargo en el juicio por el presunto cobro de sobresueldos en los años 90, antes de que el martes próximo el Tribunal Oral Federal 4 de a conocer su veredicto.
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La fiscalía pidió penas de entre cuatro y seis años de prisión para los principales imputados, entre los que también se encuentra el expresidente Carlos Menem, quien en esta instancia, cuando podía pronunciar sus últimas palabras, optó por el silencio.
Antes de los descargos de los ex funcionarios se corrió vista al Ministerio Público Fiscal (MPF) y a la Oficina Anticorrupción (OA) respecto de nulidades y otros planteos de las defensas de los acusados, informó el sitio fiscales.gob.ar.
El fiscal Juan Patricio García Elorrio señaló que esos planteos de los defensores ya habían sido analizados y resueltos en su momento y que correspondía rechazarlos.
Los representantes del MPF integrado también por Diego Velasco, Stella Maris Scandura y Juan Manuel Gaset habían pedido seis años de prisión para Menem, cinco para su ex ministro de Economía Cavallo y cuatro para el ex ministro de Justicia Granillo Ocampo y para la ex secretaria de Medio Ambiente Alsogaray, además de la absolución de otros cinco ex funcionarios acusados.
La fiscalía consideró probada en el juicio la existencia de "un sistema clandestino de pago" con dinero de fondos reservados, en efectivo y sin rendición de cuentas, acusación respecto de la cual ensayaron su descargo tres de los cuatro imputados que llegaron a la fase final del juicio con pedidos de penas de prisión.
"Nunca supe que los suplementos podían provenir de un acto ilícito. Si lo supiera, no lo habría hecho declarar en la DGI", aseveró Cavallo y argumentó que "hasta el Congreso tenía partidas de la ley 18.302", norma ya derogada que indicaba el destino que se le podía dar a los fondos reservados.
También María Julia, que alegó "persecución política", dijo desconocer "la ilicitud del hecho" investigado en la causa, mientras que Granillo Ocampo afirmó ser "absolutamente inocente" y negó transferencias entre la cartera de Justicia, que encabezaba y organismos como la ex SIDE, para pagar los sobresueldos.
En su alegato, las fiscalía consideró probado "un sistema clandestino de pago" de sobresueldos con montos obtenidos de fondos reservados, que eran retirados en la Secretaría General de la Presidencia hasta 1994 y luego de la Jefatura de Gabinete o del quinto piso del Ministerio de Economía.
Los fiscales dijeron que los ministros considerados de más alto rango cobraban sobresueldos de 100 mil pesos o dólares (durante la convertibililidad) y los restantes integrantes del gabinete sumas de 50 mil, 40 mil y 20 mil pesos o dólares en el caso de secretarios de estado, siempre en efectivo y dentro de un sobre.
Estas sumas representaban el cuádruple y hasta el quíntuple de los haberes mensuales legales que debían cobrar los funcionarios y eran pagadas en forma clandestina, sin registro alguno.
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