Solá busca apoyo político para enfrentar inseguridad

Felipe Solá encarará entre hoy y el viernes una serie de cumbres con intendentes y legisladores del PJ bonaerense con el propósito de atar el apoyo político necesario para avanzar, en todos los frentes, con su plan de «shock» diseñado para combatir la inseguridad en Buenos Aires.

Para esta tarde, luego de entregar 400 patrulleros y anunciar el paquete de medidas, Solá convocó a la cúpula legislativa del peronismo a la Casa de Gobierno y el lunes, se reunirá con los intendentes peronistas del conurbano. En ambos casos, el gobernador rastrea un respaldo político expreso.

Es un testeo. En el Parlamento, más de una vez Solá se enredó con las gambetas de caciques del PJ que rehusaron aprobar leyes enviadas por el Ejecutivo. De hecho, Diputados despunta casi sistemáticamente como búnker de sectores críticos al gobernador.

Por eso, ante los legisladores, Solá dará detalles del paquete de medidas que empezó a bosquejar a principios de esta semana. Como varias exigen el aval del Parlamento, el gobernador pretende una garantía de que su plan no será presa de la amansadora parlamentaria.

A las 17 horas, junto a sus ministros Juan Pablo Cafiero, de Seguridad, y Federico Scarabino, de Gobierno, el jefe de Gabinete Florencio Randazzo, y el secretario General de la gobernación, José María «Toco» González Fernández, Solá recibirá a la delegación legislativa.

Los presidentes de ambas cámaras, Hugo Corvatta y Osvaldo Mércuri, los jefes de los bloques del PJ, Juan Garivoto y Juan Amondarain, más un puñado de legisladores, anotarán el plan Solá, arrimarán ideas propias y anunciarán que están dispuestos a sesionar desde el martes al viernes próximo.

Con los intendentes, la agenda es más específica pero también más densa. Ayer Solá firmó el decreto que otorga 10 días a los desarmaderos para que regularicen su funcionamiento. Como las habilitaciones las dan los municipios, el gobernador quiere coordinar esa acción.

Según el texto que firmó ayer, y se publicaría el lunes, la clausura de desarmaderos correrá por cuenta de las autoridades municipales pero, si éstas no actúan, lo podrá hacer directamente la Policía. Ayer. Cafiero avisó que el comisario que no lo haga será «desplazado de la fuerza».

También en esa reunión deberá remontar algunas quejas. En privado, intendentes del PJ renegaron por la crítica «genérica» -se enojan- de Solá y Cafiero sobre la presunta «connivencia» entre jefes comunales y bandas de delincuentes.

Pero en el fondo, el gobernador irá en un busca de un compromiso «de caballeros»: que los intendentes, que como él tienen elecciones el 14 de setiembre, compartan públicamente la responsabilidad por la crisis delictiva. Es decir, que no pateen hacia la provincia todas las culpas.

Algo parecido buscará ante los legisladores, en medio de la agenda legislativa que espera tratamiento. En rigor, en el Parlamento nadie sabe a ciencia cierta cuáles son las leyes que enviará el Ejecutivo.

Algunos puntos para agendar:

• Además del decreto para clausurar desarmaderos, Solá pretende agudizar el control y las sanciones para quienes vendan alcohol sin habilitación (éste quedaría demorado para la semana próxima). Ese decreto debe ser refrendado por la Legislatura. En Gobierno, dicen que el primero no requiere ese tratamiento.

• El proyecto para darle mayores facultades a los fiscales -para que puedan allanar sin avisar al juez de Garantías-debe pasar por el recinto pero la idea de otorgar mayor poder a la Policía, en materia de «requisas» y «cacheo» podría esquivar la sanción parlamentaria en base a la existencia de un vacío legal. Pero no está del todo claro.