Tras la feria judicial se reactivan causas clave

Desde este lunes se reanudó la actividad regular en los tribunales tras la feria judicial de enero. Se activarán, de esta forma, una serie de expedientes sensibles para el poder político, gremial y económico.

Para febrero y marzo ya están agendados dos juicios orales que promenten diversas emociones: el de la represión policial de 2001 que precedió a la renuncia del expresidente Fernando de la Rúa y el de la tragedia ferroviaria de Once que tuvo como consecuencia 51 muertos en febrero de 2012.

El primero tendrá por protagonista al exsecretario de Seguridad Enrique Mathov, al exjefe de Policía Federal Rubén Santos y a otros exmiembros de jerarquía de esa fuerza por cinco homicidios de manifestantes en diciembre de 2001.

Al mismo tiempo el Tribunal Oral Federal 2 estará a cargo del juicio en el cual se sentarán en el banquillo los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, los empresarios de la familia Cirigliano, exdirectivos de TBA y Cometrans y el maquinista Marcos Antonio Córdoba, entre otros.

Desde este lunes también se esperan novedades en la causa que investiga la llamada trama Ciccone: el fiscal Jorge Di Lello ya anticipó que pedirá nuevas medidas en el expediente que involucra a Amado Boudou y que cerró 2013 con una serie de declaraciones testimoniales que marcaron nuevos rumbos en la instrucción.

En ese sentido la Cámara Federal de Casación Penal resolverá en las próximas semanas un planteo de falta de acción del vicepresidente, quien pide ser sobreseído por inexistencia de delito.

Los abogados de Boudou presentaron una recusación contra el camarista Juan Carlos Gemignani que interviene en el expediente junto a los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borins-ky. Para tratar este planteo la Sala convocó al camarista Eduardo Riggi.

En cuanto a causas judiciales, en este mes se conocerá en qué juzgado quedan radicadas las denuncias presentadas en enero por los cortes de luz que afectaron a miles de personas, con la mira puesta en las empresas Edenor, Edesur y en autoridades del ENRE.

Por otra parte la Cámara Federal porteña debe tratar la apelación presentada por las entidades AMIA y DAIA a la decisión del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien rechazó una acción de amparo contra la puesta en vigencia del memorando de entendimiento entre la Argentina e Irán por el atentado del 18 de julio de 1994 a la mutual judía.

La sala I del tribunal (Eduardo Freiler, Jorge Ballestero, Eduardo Fara) requirió ya a las partes que presenten sus argumentos.

En la causa central por el atentado, a fines de diciembre ese tribunal ratificó también que el procesado Carlos Telleldín debe ser sometido nuevamente a juicio por haber sido el último poseedor de la camioneta Trafic que según la causa se usó como coche bomba en Pasteur 633.

Otro trámite que se reactivará es la causa abierta a fin de año por un supuesto pedido de sobornos al dueño de una financiera de parte de policías en un procedimiento ordenado por el juzgado de Norberto Oyarbide.

La Cámara Federal porteña abrió un sumario al magistrado a raíz de la denuncia que aludió a uno de sus secretarios, Carlos Leiva, a quien le fue retirada la firma. En tanto otra secretaria del juzgado fue despedida por el juez.

Además de la Cámara, el caso también se investiga en el juzgado de Luis Rodríguez.

Por su parte el juez Sebastián Casanello todavía debe tratar las situaciones procesales de Leonardo Fariña y Federico Elaskar, los únicos indagados hasta el momento en la causa que investiga por presunto "lavado de dinero" al empresario kirchnerista Lázaro Báez.

En el plano del ministerio público fiscal, este mes podría aportar una definición a los planteos del fiscal suspendido, José María Campagnoli, quien espera una sentencia de fondo en la primera instancia del fuero Contencioso Administrativo federal.