El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, insistió con la hipótesis de que los saqueos que se produjeron en todo el país en el marco de la revuelta policial fueron "planificados" y exigió a la Justicia que "actúe con firmeza" contra los responsables.
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Además, Capitanich afirmó que el Gobierno avizora una "perspectiva de normalización" en cada uno de los distritos donde se registraron conflictos con las policías provinciales. "Avizoramos una perspectiva de normalización de cada una de las provincias. En el día de la fecha, hay un clima de paz y tranquilidad pública", dijo el funcionario en rueda de prensa en Casa de Gobierno
El jefe de Gabinete aseguró que con los recientes incidentes en diferentes provincias que se generaron a partir de reclamos salariales de las fuerzas policiales locales, se "pretendió empañar 30 años de democracia en la República Argentina", y pidió a jueces y fiscales que "investiguen" porque estas situaciones "no fueron casualidad", sino parte de "una acción premeditada".
"No es casualidad, es una acción premeditada con alevosía para provocar incertidumbre económica, con métodos extorsivos. No se hace por mensaje de texto, se hace en una fecha y momento determinado. Se pretendió empañar 30 años de democracia en la República Argentina, y la sociedad debe manifestarse para repudiarlo", dijo Capitanich en conferencia de prensa.
Agregó que "en base a esta hipótesis tienen que investigar jueces y fiscales", y agregó que debe investigarse "el vínculo entre autoconvocados, policías exonerados, agentes de disturbios en barrios, grupos de narcotráfico, y mecanismos de financiamiento".
Por otro lado, Capitanich sostuvo que "es necesario depurar el funcionamiento de las fuerzas de seguridad" y pidió a los gobernadores "agudizar los mecanismos de selección, capacitación y ser rigurosos con los ascensos" de los efectivos.
"Es necesario depurar el funcionamiento de las fuerzas de seguridad para que los ciudadanos se sientan protegidos y no con miedo", aseguró Capitanich desde Casa de Gobierno, al tiempo que ratificó que la seguridad pública "es potestad de los gobernadores".
El funcionario sostuvo que con estas acciones "se pretendió empañar 30 años de democracia en la República Argentina", y pidió a "jueces y fiscales" que investiguen "el vínculo entre autoconvocados, policías exonerados, agentes de disturbios en barrios, grupos de narcotráfico, y mecanismos de financiamiento".
En este marco, destacó la "contribución" y hasta el "esfuerzo físico sobrehumano" de los efectivos de las fuerzas nacionales que intervinieron en los últimos días en distintos distritos del país, y rechazó críticas de algunos gobernadores que se quejaron por la demora en el arribo de los efectivos nacionales a sus respectivos distritos.
"No es una cuestión automática, que se piden y llegan a una velocidad supersónica. Cuando exigen la presencia de Gendarmería se debe observar que la demanda lleva un tiempo, con la organización, el traslado y la intervención en el territorio", aclaró.
Finalmente, ante una consulta periodística, Capitanich señaló que estas situaciones no se pueden prever desde el gobierno nacional, y dejó en claro que "el sistema de inteligencia para prevenir conflictos locales corresponde a la recopilación de datos que realicen los gobiernos provinciales".
"El sistema de información en materia de inteligencia es competencia de las provincias, por eso los gobernadores tienen que hacer una evaluación a través de monitoreos de los conflictos que tengan en su territorio", dijo Capitanich.
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