Un simulacro de juicio

Una acción conjunta del Poder Ejecutivo y del Legislativo ha dado comienzo a un proceso que no es realmente un juicio político a varios jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino un simulacro de tal, en el que se quieren guardar las formas -lo que ni siquiera se logra- para violar su fondo y su esencia. El juicio político es un procedimiento de remoción que puede alcanzar a los jueces, pero debe tenerse presente que estos integrantes de una rama del poder público son, por disposición constitucional, inamovibles.

Comprender este aspecto es esencial para esclarecer la confusión que deliberadamente se ha instalado en la población, mediante un discurso sin sustento científico, pero repetido insistentemente en todos los medios de comunicación.

En un régimen republicano de gobierno, como el argentino, existe un juego de contrapesos de poder en el desempeño de la función pública, que es el que asegura la convivencia democrática.

Suele decirse que el régimen republicano se caracteriza por la elegibilidad de los funcionarios, la periodicidad de los cargos y la publicidad de los actos de gobierno.

Sin embargo, cabe aclarar que dos de las ramas del poder son electivas -Poder Legislativo y Poder Ejecutivo-, pero no lo es la tercera -Poder Judicial-. Los cargos electivos son, a su vez, temporarios (periodicidad de los mandatos del presidente de la Nación, de diputados y senadores).

En cambio, los magistrados que integran el Poder Judicial de la Nación, en cualquiera de sus instancias, incluida la Corte Suprema, no tienen un límite de duración en sus cargos, pues la Constitución establece que permanecen en ellos «mientras dure su buena conducta». De allí que la única forma de hacerlos cesar compulsivamente en su desempeño lo constituye el juicio político, un procedimiento especial de remoción, que no alcanza solamente a los jueces sino también al presidente y ministros.

Diversos legisladores y funcionarios han pretendido instalar en la opinión pública la convicción de que algunos jueces deben cesar en sus funciones por razones estrictamente políticas. Así, se expresa que «los tiempos cambiaron», que se busca un tribunal diferente, que el perfil de los nuevos jueces debe responder a tales o cuales características, etcétera.

Se pretende, así, confundir a los jueces con los miembros de los otros dos poderes, tradicionalmente llamados «políticos», por oposición al Poder Judicial, que no tiene esa característica.

• Equilibrio

Los jueces, por disposición constitucional, que hace a la esencia del régimen republicano de gobierno, no pueden ser reemplazados por un cambio de signo en el gobierno, por desavenencias personales, distanciamientos ideológicos o voluntad política de buscar una configuración diferente de la existente, en uno o varios tribunales.

Populares o impopulares, afines o distantes del gobierno de turno, deben permanecer en sus cargos «mientras dure su buena conducta», pues ésa es la garantía de equilibrio entre el poder de quien hace las leyes, de quien las ejecuta y de quien juzga acerca de su concreta aplicación.

La embestida de la Cámara de Diputados de la Nación responde al inédito reclamo del presidente de la Nación, formulado por cadena nacional de radio y televisión. Tuvo, por ello, el ingrediente adicional de una apelación popular, en un ámbito que, por el contrario, es eminentemente técnico y regido puntualmente por la Constitución Nacional.

Esa apelación, en un mundo fuertemente influido por los medios de comunicación, tuvo un efecto instantáneo. Una particular situación política dio más impulso a la iniciativa presidencial: el «que se vayan todos», donde nadie se quiere ir, permitió poner en «el otro» los cuestionamientos sociales, y suponer que si otros se van, aunque sea a empujones, algunos podrán quedarse. Sucede que las encuestas -a veces de dudosa confiabilidad- arrojan mayores o parecidas cifras de desprestigio a los integrantes de los tres poderes y a la clase política en general. Un desafío público a actuar está llevando a algunos legisladores a arremeter, sin ley y contra la ley, para lograr el desalojo de lugares apetecibles y, quizás, ganar un poco de popularidad que podrá emplearse para conservar la anhelada banca o ganar otras para «el partido».

Es fácil ver que el juicio político se conduce contra la ley y sin ley, pues la ley de enjuiciamiento de magistrados prohíbe que éstos sean sancionados por el contenido de sus sentencias. Sólo se imputó al Dr. Nazareno el criterio que sustentó su voto en cuatro causas judiciales, que fueron suscriptas por cinco o más jueces y que ni siquiera importaron un pronunciamiento positivo de la Corte, que se limitó a convalidar lo resuelto por los tribunales comunes.

Las mismas causas se invocan ahora contra el juez de la Corte, a punto tal que uno de los legisladores comentó sin pudor que el juicio en contra del Dr. Moliné O'Connor avanzaría muy rápido porque ya estaba todo analizado, examinado y aprobado en el procedimiento contra el Dr. Nazareno.

Lo dicho es una confesión acerca de la irregularidad del procedimiento, pues el «mal desempeño» es individual y no colectivo. El mal desempeño no se configura por las opiniones vertidas en las sentencias -quién querría ser juez si dependiera de la aprobación de los legisladores de turno- ni se aplica, como un calco, a quienes suscriben los fallos.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados pretende erigirse en supra--juez, un tribunal por encima del máximo tribunal del país, con poder para decir qué sentencias son correctas y cuáles incorrectas y remover a los jueces cuyo criterio no compartan.

La división de poderes se desdibuja en un marco en que el Poder Ejecutivo y parte del Legislativo se aúnan para afectar el funcionamiento del tercer poder, al que la Constitución le otorgó especial protección para garantizar el equilibrio que impidiera el avance hegemónico de los otros dos. El procedimiento iniciado no es un juicio político; sólo pretende serlo. Es una parodia grotesca.

(*) Abogado y profesor universitario