Un simulacro de juicio

Comprender este aspecto es esencial para esclarecer la confusión que deliberadamente se ha instalado en la población, mediante un discurso sin sustento científico, pero repetido insistentemente en todos los medios de comunicación.

En un régimen republicano de gobierno, como el argentino, existe un juego de contrapesos de poder en el desempeño de la función pública, que es el que asegura la convivencia democrática.

Suele decirse que el régimen republicano se caracteriza por la elegibilidad de los funcionarios, la periodicidad de los cargos y la publicidad de los actos de gobierno.

Sin embargo, cabe aclarar que dos de las ramas del poder son electivas -Poder Legislativo y Poder Ejecutivo-, pero no lo es la tercera -Poder Judicial-. Los cargos electivos son, a su vez, temporarios (periodicidad de los mandatos del presidente de la Nación, de diputados y senadores).

En cambio, los magistrados que integran el Poder Judicial de la Nación, en cualquiera de sus instancias, incluida la Corte Suprema, no tienen un límite de duración en sus cargos, pues la Constitución establece que permanecen en ellos «mientras dure su buena conducta». De allí que la única forma de hacerlos cesar compulsivamente en su desempeño lo constituye el juicio político, un procedimiento especial de remoción, que no alcanza solamente a los jueces sino también al presidente y ministros.

Diversos legisladores y funcionarios han pretendido instalar en la opinión pública la convicción de que algunos jueces deben cesar en sus funciones por razones estrictamente políticas. Así, se expresa que «los tiempos cambiaron», que se busca un tribunal diferente, que el perfil de los nuevos jueces debe responder a tales o cuales características, etcétera.

Se pretende, así, confundir a los jueces con los miembros de los otros dos poderes, tradicionalmente llamados «políticos», por oposición al Poder Judicial, que no tiene esa característica.

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