Uruguay envió una contrapropuesta al Gobierno por la ex-Botnia

El embajador argentino en Montevideo, Dante Dovena, recibió este miércoles la respuesta de la cancillería uruguaya a la nota que presentó este martes el canciller, Héctor Timerman, en la embajada de Uruguay en Buenos Aires por la decisión unilateral del gobierno uruguayo de autorizar un aumento en la producción de la pastera UPM (ex-Botnia).

"Acabo de tener un breve encuentro con el canciller (Luis) Almagro a las 12 del mediodía. Me hizo entrega de una nota dirigida al canciller Timerman, la cual remití a nuestra Cancillería en forma inmediata", detalló Dovena a Télam.

En la misiva, la cual reprodujo íntegra el diario El País de Uruguay, el gobierno de José "Pepe" Mujica rechazó el pedido de la Argentina de revisar la autorización a la pastera de aumentar su producción, al considerar que no viola el Estatuto del Río Uruguay, y propuso "un nuevo marco normativo" para evitar la contaminación.

"Uruguay ha actuado en todo momento conforme a sus obligaciones internacionales, particularmente las contraídas a través del Estatuto del Río Uruguay, y ha procedido en forma respetuosa con la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de abril de 2010 en el caso de las Papeleras sobre el Río Uruguay", afirma la misiva, que agrega que el gobierno de Mujica "no ha roto unilateralmente el diálogo" y que presentó las solicitudes correspondientes antes de autorizar el incremento de la producción de la planta.

Y agrega que "es necesario señalar de manera enfática que los resultados de los análisis del monitoreo conjunto, que son los mismos con los que cuentan ambos países, demuestran sin ambigüedades que la Planta Orión de UPM no contamina".

En la larga misiva, Almagro sostiene que "el Gobierno uruguayo entiende que la autorización concedida (a UPM) resulta respetuosa no solo de la legislación nacional, sino también de las obligaciones emanadas del Estatuto del Río Uruguay, de los acuerdos presidenciales y ministeriales celebrados entre ambos países y de los términos de la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de abril del 2010".

En ese marco, propuso reabrir las negociaciones entre las partes para avanzar hacia un "nuevo marco normativo en la CARU superador de la actual reglamentación (...) que resulta insuficiente para que los dos países afronten en la CARU los nuevos desafíos en materia de prevención de la contaminación y se beneficien de los conocimientos técnicos y científicos acumulados durante estas décadas".

En la misma se propone, entre otras cosas, incorporar otros conceptos en materia de protección del río y analizar la presencia de fósforo en el Río pero también a la altura de la desembocadura del Río Gualeguaychú, esto es del lado argentino. Pero mantiene la decisión de autorizar una mayor producción de la pastera.

El martes la Cancillería argentina presentó una nota en la embajada de Uruguay en el país sobre el conflicto por la "autorización unilateral" del gobierno uruguayo para que la pastera UPM (ex-Botnia) aumente la producción y advirtió que si la situación no se modifica, Argentina "se verá obligada a poner en marcha el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia".

A través de la nota, el Gobierno argentino reiteró el reclamo a su par uruguayo para que "deje sin efecto la autorización, produzca la información complementaria pendiente, y se atenga al procedimiento de información y consulta previas previsto en los artículos 7 a 12 del Estatuto del Río Uruguay".

De no proceder así el Uruguay, la Argentina "considerará que la controversia que ha surgido no puede resolverse por la vía de negociaciones y se verá obligada a poner en marcha el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia previsto en el artículo 60 del Estatuto del Río Uruguay", según dice el texto.

Sobre el conflicto, el Gobierno argentino señala al del Uruguay que "tal medida constituye una ruptura unilateral del mecanismo de información y consulta previas establecido en los artículos 7 a 12 del Estatuto del Río Uruguay de 1975, el cual se encontraba en pleno desarrollo, luego de haber sido puesto en marcha por el Uruguay en el marco del citado artículo 7".