Virtual estado de sitio en Colombia

El gobierno colombiano declaró hoy el "estado de conmoción interior" por 90 días tras la ola de violencia que sacude a ese país y los escasos recursos para enfrentar a grupos guerrilleros y paramilitares, informaron fuentes oficiales.

Haciendo uso de esas facultades especiales, el presidente Alvaro Uribe, quien asumió el cargo hace cinco días, dispuso además la creación de un nuevo impuesto, mediante el cual intenta recaudar más de 778 millones de dólares que serán invertidos en la ampliación del pie de fuerza del Ejército y la Policía, se informó.

El estado de excepción permite adoptar medidas de emergencia para tratar de restablecer la normalidad ante la ola de violencia desatada por la guerrilla y los paramilitares y otorga facultades especiales al ejército en la lucha contrainsurgente, pero no permite censurar a la prensa.

Sin embargo, el Gobierno colombiano garantizó el respeto a los derechos humanos y a la libertad de prensa por parte de las autoridades, tras la ola de violencia de los últimos días que dejó un saldo de cerca de medio centenar de muertos y más de 200 heridos.

"No se acudirá de ningún modo a ninguna medida de carácter judicial o extrajudicial que represente una afrenta al debido proceso o a las garantías fundamentales", declaró a los periodistas el ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño.

El funcionario agregó que el gobierno de Uribe "cuidará con obsesiva vigilancia el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario".

Londoño indicó que por el estado de conmoción interior -una de las figuras del estado de excepción consagradas en la Constitución colombiana- el Ejecutivo adoptará una serie de medidas para "restablecer la tranquilidad y el derecho al ejercicio de las libertades fundamentales de todos los colombianos".

"Los decretos por los cuales se adoptan dichas medidas serán expedidos entre ésta y la próxima semana", explicó Londoño. Además, el funcionario reiteró que las medidas que en un futuro adopte el gobierno estarán dirigidas exclusivamente a combatir a "los grupos alzados en armas financiados por el narcotráfico", y en ningún caso contra los críticos del gobierno.

"Este es un proceso de represión contra la violencia que nos afecta a todos, inclusive a esas personas de izquierda o a cualquier pensamiento que pueda inspirar el gobierno y que son las primeras víctimas de estos ataques", señaló.

El ministro del Interior y Justicia también se comprometió a preservar la libertad de prensa y confió en que los medios de comunicación sabrán autorregularse, en procura de impedir que los grupos ilegales los utilicen como voceros.

"Tenemos absoluta fe en la capacidad de aquellos que ejercen la sagrada misión de informar y por ello creemos que podrán controlarse ellos mismos, sin que ello implique faltar a la verdad", indicó Londoño.

Sin embargo, el funcionario aseguró que el gobierno espera que los medios de prensa no se "conviertan en portadores de confusión o exaltadores del delito".