Dentro de la energía renovable, la eólica será privilegiada

Foto de la Cámara Argentina de Energías Renovables. Comité de Energía Eólica.

Tras una demora de más de dos años, el Gobierno finalmente reglamentó este mes la Ley 26.190 que incentiva la utilización de energías renovables y anunció una licitación de Enarsa para adquirir 1.000 megavatios de fuentes de ese origen, de los cuales 500 serán eólicos, otorgando contratos por 15 años de plazo.

Según el secretario de Energía, Daniel Cameron, las dos iniciativas «brindan condiciones favorables para inversiones privadas por u$s 2.500 millones», al constituirse un fondo fiduciario con el que se asegurará una remuneración adicional a los precios del mercado, y al otorgarse beneficios impositivos a los nuevos emprendimientos.

De acuerdo con los objetivos de la ley, en 2016 el 8% del consumo eléctrico deberá ser cubierto por fuentes renovables. Si para el invierno de este año se estima un pico de potencia de 19.700 megavatios y se le acumula una tasa de crecimiento moderada en los próximos 7 años, en 2016 el consumo total rondaría 24.400 megavatios, de los cuales más de 1.900 deberían tener origen renovable, incluyendo además de la energía eólica, los pequeños emprendimientos hidroeléctricos, la generación térmica con biocombustibles, a partir de biomasa y residuos urbanos, y la utilización de la luz solar.

Como la ley pone un límite de 30 megavatios para otorgar a los emprendimientos los incentivos fiscales y de precio, deberían concretarse más de 60 nuevos proyectos en los próximos 7 años. Esa posibilidad queda en la práctica acotada a las posibilidades fiscales de concretar los beneficios impositivos que consisten en anticipar la devolución del IVA para los bienes nuevos amortizables, excepto automóviles, o practicar en el Impuesto a las Ganancias la amortización acelerada de los mismos, no siendo posible utilizar las dos alternativas.

En la reglamentación de la ley, el precio de la energía de los nuevos proyectos queda sujeto a la definición caso por caso del Ministerio de Planificación, a través de la Secretaría de Energía. Sin embargo, la Ley 26.190 estableció una remuneración adicional de $ 15 por megavatio sobre el precio del mercado mayorista.

Remuneración

Uno de los problemas es que el valor de la energía está todavía desfasado en la Argentina con respecto a los costos, por lo cual la remuneración extra no alcanzaría para incentivar la realización de proyectos. La otra dificultad es que la ley prevé que el fondo fiduciario, de donde saldrá el ingreso adicional para los nuevos generadores, se formará con una suba de $ 0,3 por megavatio/hora en el gravamen para el Fondo de Desarrollo Eléctrico que creó la Ley 24.065 al realizarse las privatizaciones.

El aumento de ese tributo que se trasladará a los usuarios finales estará limitado por lo menos por ahora, por el fuerte ajuste ya practicado en las tarifas, si se consideran también los castigos por no reducir el consumo, y por los aumentos que deberán habilitarse en el mediano plazo para seguir actualizando el valor de la energía.

La experiencia de los últimos años indicaría además que los subsidios estatales son insuficientes para alentar inversiones privadas en generación, y que por ahora lo único que dio algún resultado son las señales de precio del programa Energía Plus.

En una presentación del ex subsecretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, en el Instituto de la Energía General Mosconi, se advierte que el precio de la electricidad para un consumo de 100 kilovatios bimestrales es actualmente de u$s 4 frente a u$s 12 de diciembre de 2001. En el caso de un consumo de 900 kilovatios bimestrales, los valores son respectivamente de u$s 18 y u$s 41, mientras a partir de 1.000 kilovatios empieza a notarse la recuperación, de modo que para un consumo de 2.700 kilovatios por bimestre, hoy el precio es de u$s 124 frente a 88 de diciembre de 2001.

Limitaciones

Por su parte, un estudio de la Cámara de Energía Renovable sobre la generación eólica en la Argentina, elaborado por los expertos Mauro Soares, Sebastián Kind y Omar H. Fernández, muestra los límites para producir energía a partir del viento en el país.

Según ese análisis, la efectividad de la Ley 26.190 «sería limitada ya que lamentablemente no se establecen penalidades al incumplimiento de los volúmenes mínimos objetivo y la prima establecida (los $ 15 antes mencionados) resultaría insuficiente para cubrir la brecha entre el precio spot y el costo medio total de generación eólica».

Según los firmantes del estudio, «la ley tampoco considera la implementación de mecanismos que nivelen la cancha en cuanto a los beneficios ambientales de las diferentes tecnologías de generación».

Indicaron también que «a fines de 2008 se estimaba que la inversión de capital para un parque eólico con tecnología moderna (utilizando aerogeneradores en el rango de 1 a 3 megavatios), era del orden de u$s 1,8 a u$s 2,2 millones por megavatio, incluyendo costos de montaje y obras anexas.

Agregaron que «asumiendo ese dato como escenario base y de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía para la cual el 50% de la nueva potencia renovable a instalar será eólica, la inversión en el sector sería de u$s 2.200 y u$s 2.700 millones hasta 2016 más otros 800 a 1.100 millones de dólares hasta 2025».

El informe resalta que es «económicamente más conveniente contar con energía eólica en el sistema que utilizar combustibles de precios altos y volátiles (principalmente fueloil, gasoil y gas natural importados) para generación térmica o importar electricidad de Brasil.

Los autores del estudio estimaron que en 2008 la Argentina gastó cerca de u$s 1.800 millones en combustibles líquidos importados y en energía eléctrica de origen térmica comprada a países vecinos. Con ese monto, se generaron y compraron 7.700 gigavatios/hora lo que arroja un costo promedio de u$s 230 por megavatio/hora.

Según los expertos, si se hubiera destinado el 15% de ese gasto para la compra de energía eólica en contratos de largo plazo, se podrían haber instalado 700 megavatios de ese origen con inversiones por casi u$s 1.500 millones.

Patagonia

En la presentación del plan oficial, el secretario Cameron salió al cruce de las críticas por la falta de utilización hasta ahora de las posibilidades de generación eléctrica a partir de los vientos de la Patagonia. Dijo que recién ahora están las redes de extraalta tensión para la interconexión con los centros de mayor potencial eólico ubicados en Pico Truncado y Comodoro Rivadavia, y en menor medida en Cuyo y La Rioja.

Hasta ahora lo que se hizo fue la elaboración de un mapa nacional de vientos y la formulación de los proyectos Vientos de la Patagonia I y II, financiados por el Gobierno nacional y las provincias. El I pertenece en un 80% a Enarsa y en un 20% a Chubut, y tiene por objetivo la instalación de dos turbinas prototipo de producción nacional que estarían listos en el curso de este año. Esos aerogeneradores, una vez homologados, se usarían posteriormente para instalar un parque de 60 megavatios en Chubut. Vientos de la Patagonia II prevé la instalación de parques eólicos en Santa Cruz, pero todavía está en una fase muy preliminar. También está planteado un proyecto para instalar 12 aerogeneradores en La Rioja, y otro en Comodoro Rivadavia con 40 equipos.

Las energías renovables vienen creciendo en el mundo bajo el impulso de la necesidad de un mayor cuidado ambiental, pero, sobre todo, a raíz de la suba en los precios de los combustibles fósiles y la ubicación de las principales reservas actuales en zonas políticamente conflictivas. En la Argentina, la declinación de la producción de gas y la merma de las reservas, así como la frustración del proyecto de usar gas boliviano en proporción importante, debería ser un aliciente.

Diversificar la matriz energética y preservar el medio ambiente son los objetivos declarados por todos. Pero lograrlos sigue siendo complicado. El Estado saldrá a comprar energía renovable por 15 años para conseguir inversiones, lo que implica la creación de nuevos subsidios. Si hubiera un precio relacionado con los costos, las generadoras que hoy consumen combustibles fósiles podrían ser obligadas a reinvertir parte de las ganancias en energía limpia. Pero para eso habría que transparentar costos y fijar utilidades razonables, una asignatura pendiente desde las privatizaciones y que no se logró resolver con la ley de emergencia dictada en 2002.