27 de junio 2023 - 08:00

A 50 años del golpe de Estado, ¿cuáles son los desafíos para las asociaciones de detenidos desaparecidos?

Hoy se cumple medio siglo de la disolución del Parlamento y el comienzo de la dictadura cívico-militar que dejó 192 detenidos desaparecidos en el Uruguay.

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Una historia que empezó en las seccionales

“En Uruguay, la desaparición forzada como método represivo no la conocíamos. Los familiares nos fuimos conociendo porque teníamos que ir a las seccionales militares donde publicaban la lista de quién estaba detenido. Lo mismo sucedía con Argentina donde los familiares viajaban para hacer los trámites de desaparición y se presentaban habeas corpus", contó.

Su hermano Juan Pablo fue detenido en 1976 en Buenos Aires y trasladado hacía Uruguay. En ese momento, Ignacio vivía con él y obtuvo asilo político en Paris. A partir de allí, cuenta, formó parte de las denuncias internacionales que hacían los familiares de los desaparecidos durante la dictadura.

Cuando terminó la dictadura, en 1983, se consolidó la asociación de Madres y Familiares de Uruguay Detenidos Desaparecidos a partir de la unión de tres grupos: la Asociación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos (AFUDE), fundada en Europa por exiliados, Familiares de Uruguayos Desaparecidos en Argentina, que trabajaba desde 1977 y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos en Uruguay, que lo hacía desde 1982.

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El papel del Estado

Según Errandonea, la actuación del Estado respecto a los desaparecidos se puede dividir en tres periodos desde el regreso de la democracia en 1985. “En la salida a la democracia se pretendió negar desde el poder político la existencia de los detenidos desaparecidos”, explicó.

En ese momento, cuando se empezó a investigar el paradero de sus familiares y la justicia comenzó a actuar, en 1986, durante el gobierno de Julio María Sanguinetti, se vota la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Esa ley estableció la caducidad de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales estableciendo que estaban cumpliendo órdenes durante sus funciones.

Errandonea recordó que el artículo 4 demandaba la investigación de los casos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz –dos legisladores exiliados en Argentina y asesinados en 1976– y los casos de los detenidos desaparecidos durante ese período. Sin embargo, el fiscal a cargo de la investigación era militar, lo que significó un total incumplimiento del artículo.

Fue en el año 2000 donde la creación de la Comisión para la Paz reconoció por primera vez la existencia de los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar. A partir de allí, el reclamo de la asociación tomó fuerza y emprendió un envión en el 2005, bajo el gobierno de Tabaré Vázquez.

En la actualidad, Errandonea reconoce que el papel de Estado es ambiguo. “Por un lado, tenés a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que condena a Estado uruguayo, que acepta su responsabilidad, pero después, en los hechos, no asume los compromisos que debería”, explicó.

En junio de este año, el presidente Luis Lacalle Pou decidió no presentarse a un acto de reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la violación de derechos humanos durante la dictadura militar en el marco del cumplimiento de una sentencia de la CorteIDH por los crímenes de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio.

El Estado se hace cargo de la financiación de la búsqueda de los desaparecidos, pero, a la vez, no se le exige a las Fuerzas Armadas que entreguen archivos con información de esos tiempos. Desde una posición casi detectivesca, las asociaciones tienen que basar sus búsquedas en datos inconexos. “No hay una política activa, por parte del Estado, en la búsqueda de los desaparecidos. Se excava a ciegas, por indicios, por rumores”, se lamentó Errandonea.

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La deuda de la justicia

Actualmente la justicia uruguaya condena a los militares involucrados en la dictadura por delitos comunes y no como crímenes lesa humanidad. “La desaparición forzada es un delito permanente, al día de hoy, el culpable de la desaparición de mi hermano sigue cometiendo el delito”, explica Errandonea.

En ese sentido, el hecho de que se los condene por homicidio – una condena que tampoco sería correcta ya que los agentes estatales formaron parte de un plan sistemático llevado a cabo por el Estado – no obliga a los perpetradores a confesar el paradero de las personas desaparecidas.

“Se da la paradoja de que la Justicia los condena por homicidio y legalmente yo no tengo una partida de defunción, sino que solamente puedo acceder a un certificado que dice que mi hermano está ausente por desaparición forzada. Es aberrante y macabro”.

Alcanzar la verdad, el principal desafío

Errandonea consideró que el desafío a futuro de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos coincide con una “vieja reivindicación": "queremos saber la verdad”, subrayó.

En ese sentido, desde las asociaciones les insisten a los gobiernos que la información sobre el paradero de sus familiares existe, más allá de estar en la memoria de sus perpetradores. “La desaparición forzada fue planificada desde las autoridades. Hemos accedido a una porción de archivos y sabemos que existe muchos más. A la parte donde no pudimos acceder es la operativa”, cuestiona.

Acorde a Errandonea, indudablemente el tiempo pasa, pero las asociaciones quedarán en manos de los nietos y nietas que seguirán en la búsqueda de la verdad. “Se que la búsqueda va a seguir porque las nuevas generaciones van tomando la posta. Un ejemplo de ello fue la iniciativa de la Marcha del Silencio virtual”, explicó.

La Marcha del Silencio se realiza ininterrumpidamente desde 1996 todos los 20 de mayo en la ciudad de Montevideo, pero durante la pandemia las posibilidades se acortaron. Fue en ese momento que las nuevas generaciones tomaron la responsabilidad de seguir con el reclamo. A través de videollamadas, fotos y videos en redes sociales y audios de WhatsApp que recitaban el “presente” de sus familiares, durante el 2020 y el 2021 la memoria por los desaparecidos siguió y seguirá su legado.

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