El Banco Central del Uruguay (BCU) publicó un nuevo proyecto de regulación de los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), que busca formalizar y supervisar el incipiente ecosistema cripto dentro del sistema financiero tradicional.
El Banco Central del Uruguay difundió un nuevo proyecto normativo para los PSAV que busca reducir barreras de entrada y dar seguridad jurídica al sector.
Uruguay abre otra etapa para los activos virtuales con una nueva regulación y mayor adopción de criptomonedas.
El Banco Central del Uruguay (BCU) publicó un nuevo proyecto de regulación de los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), que busca formalizar y supervisar el incipiente ecosistema cripto dentro del sistema financiero tradicional.
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Mientras los uruguayos se animan cada vez a los criptoactivos —sobre todo, a las criptomonedas—, las autoridades regulatorias se enfrentan al desafío de integrar a las empresas que operan con los mismos, como exchanges, plataformas de trading, custodios, entre otros; para ofrecer mayores especificaciones, requisitos y garantías y, así, promover su desarrollo de manera segura y confiable para todos los actores involucrados.
Con ese objetivo, el BCU informó sobre el nuevo proyecto de regulación elaborado, que busca sustituir la iniciativa previa puesta a consulta el 21 de agosto pasado. Esto ocurre, además, en un contexto en el que “la adopción de criptomonedas viene creciendo de forma gradual pero sostenida” a nivel local, donde “el uso principal sigue siendo como reserva de valor y cobertura frente a la inflación global, pero cada vez hay más casos de uso práctico para pagos internacionales, ahorro en stablecoins y transferencias entre países”, tal y como comentó a Ámbito el vicepresidente de la Cámara Uruguay Fintech (CUF), Martín Benítez.
Para el representante de la entidad que agrupa a los principales actores del ecosistema fintech local, la nueva regulación “va a dar más seguridad jurídica y facilitará que más empresas e instituciones se involucren” en el desarrollo del mercado de criptoactivos.
El nuevo proyecto regulatorio es resultado de un proceso que inició en 2021, con las primeras iniciativas presentadas a nivel parlamentario por el Partido Colorado (PC) y el Partido Nacional (PC) antes de que el mismo BCU se pusiera activamente al frente de la necesidad de otorgar un marco regulatorio a un mercado cripto que comenzaba a crecer en Uruguay, como ya estaba sucediendo en otros países.
La etapa previa culminó en el proyecto que la entidad puso a consulta el año pasado, mientras que la iniciativa actual tomó en consideración los comentarios recibidos en dicha instancia y de intercambios posteriores con la industria, así como las modificaciones introducidas en la ley de Presupuesto quinquenal (20.446).
Según explicó Benítez, esta nueva regulación “apunta principalmente a registrar y supervisar a los proveedores de servicios de activos virtuales”: “La idea es dar más seguridad jurídica y reglas claras para empresas y usuarios, sin prohibir el uso de criptomonedas”, señaló al respecto.
En ese sentido, el enfoque general de la normativa busca integrar el mundo cripto al sistema financiero desde la regulación —y no desde la prohibición—, reduciendo las barreras de entrada pero delimitando requisitos de funcionamiento y actividades no permitidas —tales como operar como bancos encubiertos.
En términos generales, la nueva versión regulatoria es más flexible, más clara y más abierta al mercado que la anterior. En ese sentido, una de las modificaciones destacadas —puesta incluso en el primer lugar por el BCU— es la simplificación conceptual, en tanto se elimina la distinción entre PSAV financieros y no financieros, unificando la presentación original de dos categorías bajo una general de “activos virtuales”; y reduciendo posibles ambigüedades.
También se hace foco en la operativa permitida, aclarando que las actividades realizadas a través de protocolos descentralizados y contratos inteligentes (DeFi) también están alcanzadas por la regulación; contrario a la “mera participación en desarrollo de un programa informático”, que no es contemplada como suficiente por sí misma para ser PSAV.
En paralelo, se reformuló el artículo sobre operaciones prohibidas, a efectos de aclarar que los prestadores de servicios de activos virtuales no pueden hacer intermediación financiera —actuar como bancos—, delimitando firmemente el rol de los criptoactores y protegiendo así al sistema financiero tradicional. También se estableció que los PSAV pertenecientes a una entidad financiera deben estar supervisados de forma consolidada por un regulador.
Otras modificaciones apuntan a:
El nuevo proyecto regulatorio del BCU llega en un contexto de creciente adopción de las criptomonedas en Uruguay. Si bien Benítez aclaró que “no hay cifras oficiales del sistema financiero”, señaló que algunas “referencias interesantes” permiten dar cuenta de esta tendencia positiva para el mercado cripto local.
“Por ejemplo, el informe de Chainalysis del año pasado ubica a Uruguay dentro del grupo de países con adopción creciente en la región, especialmente en uso de stablecoins y transferencias internacionales. Además, distintas estimaciones locales indican que alrededor del 10% de los uruguayos ya operaron alguna vez con criptomonedas”, apuntó el vicepresidente de la CUF, en ese sentido.
En la práctica se pueden observar varios casos: “personas que usan Bitcoin como reserva de valor, freelancers o empresas que cobran del exterior en USDT o USDC, y cada vez más usuarios que usan cripto para mover dinero internacionalmente de forma rápida y barata”.
“En general, Uruguay todavía está en una fase temprana pero de crecimiento, con un ecosistema bastante activo y con la expectativa de que la futura reglamentación del sector por parte del BCU dé más claridad y acelere su adopción”, concluyó Benítez.
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