La Cámara Blockchain del Uruguay pide una regulación "que no frene la innovación" en el mundo cripto

El organismo expuso críticas sobre el proyecto de regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales que impulsa el Banco Central del Uruguay.

La Cámara Blockchain del Uruguay pide por una regulación "que no frene la innovación".

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La Cámara Blockchain del Uruguay (CBU) cuestionó el proyecto normativo que busca regular a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y que fue sometido a una consulta pública a través de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del Banco Central del Uruguay (BCU): "Queremos una regulación moderna, clara y posible, una que no frene la innovación, sino que la acompañe", señalaron.

A través de un comunicado compartido en redes sociales, la CBU presentó una serie de cuestionamientos a la regulación que el BCU busca establecer para los PSAV en el país.

Entre ellas, enumeraron una contradicción normativa; una definición de Activos Virtuales Financieros muy amplia; la incorporación de una autorización única y rígida, sin crecimiento escalonado; la ausencia de un espacio de prueba (sandbox) regulatorio; la aplicación de la normativa AML/CFT a modelos no custodiables; obligaciones de "seguridad tecnológica" vagas y costosas; el impacto desproporcionado en los diferentes PSAV No Financieros; y la ausencia de criterios de territorialidad incluidos en el proyecto regulatorio.

Las críticas de la Cámara Blockchain del Uruguay

"El documento refleja la visión de quienes desarrollamos tecnología, productos e innovación con activos digitales desde Uruguay", introdujo la CBU en la publicación a través de la cual hicieron público el documento de 9 páginas en el que hace un análisis detallado de las falencias del proyecto regulatorio puesto en consulta por la SSF.

En términos generales, la organización que busca impulsar el crecimiento y la adopción de blockchain en el país sostiene que la regulación propuesta podría resultar muy rígida y poco clara para las pequeñas empresas y creadores de proyectos de criptomonedas. En ese sentido, señaló que los protagonistas de ese sector en crecimiento "necesitan reglas claras y justas, y se observa una excesiva remisión a la analogía como herramienta de integración".

Al respecto, apunta a que el breve plazo otorgado para responder a la consulta pública dificulta un análisis profundo sobre "el alcance, la repercusión, la legalidad y la conveniencia de las diversas normas propuestas y/o ya vigentes"; pero advierte sobre las problemáticas derivadas de lo que, según entienden los protagonistas del sector, es una definición demasiado amplia de lo que son los activos virtuales financieros, lo cual "podría generar incertidumbre legal y operativa" e incluso abarcar activos que no están destinados a tener carácter económico, como utility tokens —instrumentos digitales que otorgan acceso a un producto o servicio dentro de una plataforma específica — y ciertos NFT (tokens no fungibles) con uso funcional.

Sobre esto último, por ejemplo, cuestionó una contradicción normativa ya que, el proyecto regulatorio del BCU le daría la potestad de regular y fiscalizar a cualquier tipo de PSAV, incluso aquellos no financieros, pese a que la ley 20.345 —de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo— limita su alcance a los servicios de índole financiera.

Requisitos excesivos y desincentivos a la innovación

En ese sentido, el documento insiste en que la amplitud observada en la regulación propuesta podría imponer "requisitos excesivos de cumplimiento a proyectos que en su base no son financieros", lo que desincentivaría la innovación local. Y en la misma línea, a partir de lo que señaló como una "autorización única y rígida, sin crecimiento escalonado", criticó que no se diferencien a los PSAV según el tamaño de la empresa ni el volumen de sus transacciones; lo que puede hacer "inviable" la operación a pequeñas firmas. En contrapartida, propuso una regulación gradual cuyos requisitos "se endurezcan a medida que la empresa crece, similar a la experiencia en el ámbito de los sistemas de pagos en Uruguay".

La CBU también criticó la ausencia de de un espacio de "pruebas regulatorio" o "sandbox", en tanto "impide que los emprendedores puedan realizar sus pilotos controlados de bajo riesgo", lo que afecta el desarrollo de nuevas tecnologías y el "principio de Igualdad de los Administrados, protegido en forma constitucional".

Otro aspecto señalado por la Cámara fue la necesidad de incorporar criterios de territorialidad en el proyecto regulatorio, para definir cuándo un proveedor debe estar sujeto a la normativa uruguaya —considerando que muchos de los negocios vinculados al sector son modelos globales. En ese aspecto, propuso flexibilizar las reglas para aquellas entidades que operen exclusivamente fuera del país.

A modo de cierre, el documento insiste en la voluntad de los actores del sector blockchain "por lograr una regulación adecuada a la realidad del ecosistema en nuestro país", y recordó la voluntad al diálogo y el intercambio en función de dicho objetivo.