El propuesta es endurecer los controles sobre las operaciones en efectivo con el objetivo de reducir el movimiento financiero de grupos criminales.
La reforma de Lavado de Activos propone límites más estrictos al uso de efectivo y controles sobre el ingreso de fondos al sistema financiero.
El Parlamento se prepara para aprobar esta semana el proyecto de ley que actualiza el marco normativo de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y que busca adecuar la legislación a las recomendaciones internacionales, reforzando los mecanismos de control del sistema financiero.
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En diálogo con M24, la senadora del Frente Amplio (FA), Bettiana Díaz, remarcó que es "importante y urgente" que se logren mejores resultados en la "prevención del lavado en Uruguay”, y aclaró que el debate parlamentario no está vinculado al atentado sufrido días atrás por la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero.
Díaz explicó que el proyecto en discusión propone bajar los montos de las transacciones en efectivo y "reforzar el control del ingreso del dinero al sistema financiero", entre otras medidas. "Es congruente con la estrategia nacional hacia 2030 para la lucha contra el lavado y el financiamiento del terrorismo", puntualizó, en referencia al plan aprobado en agosto por el gobierno.
Según la legisladora, los cambios responden a recomendaciones técnicas y al objetivo de evitar que el país vuelva a ser observado en las evaluaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). "La normativa es una de las tantas medidas necesarias para combatir al narcotráfico y al crimen organizado", agregó.
Consultada sobre las críticas de la senadora del Partido Nacional (PN), Graciela Bianchi, quien definió el proyecto como "una pantalla para perseguir a ciudadanos honestos", Díaz respondió: "¿Qué es lo que tenés que ocultar si no querés mostrar un poco más de cómo son tus estados contables?".
A juicio de la senadora frenteamplista, esas posturas "forman parte de una construcción de relato" en defensa de las "muy malas modificaciones" introducidas a la Ley Integral de Lavado de Activos en el período pasado. Recordó que esos cambios "fueron muy criticados por organismos con independencia técnica", que alertaron sobre una caída en la cantidad de reportes de operaciones sospechosas. "En Uruguay existen muy pocos procesamientos por lavado de activos, y eso debería preocuparnos", subrayó Díaz.
La legisladora también advirtió que el avance del narcotráfico es un fenómeno regional que requiere coordinación internacional. "Uruguay ya no es un país de tránsito es un lugar de acopio, de distribución y de salida. En esa línea, enfatizó la necesidad de fortalecer la cooperación internacional, tanto en el intercambio de información financiera como en los procedimientos de extradición. "Estamos generando condiciones para entender que el lavado y el crimen organizado cometen delitos transnacionales", sostuvo. El proyecto busca justamente avanzar en esa dirección, en un contexto donde la solidez del sistema financiero y la credibilidad institucional del país son activos clave para la economía.