Uruguay enfrenta un atraso de 30.000 solicitudes de refugio sin tramitar, luego de haber recibido más de 16.000 pedidos en 2025, una cifra récord para el país, según informó la vicecanciller Valeria Csukasi, quien calificó la situación como “un desafío enorme” para el sistema migratorio.
Uruguay acumula 30.000 solicitudes de refugio sin tramitar tras un récord de pedidos
Cancillería advirtió por el atraso en el sistema y la pérdida de financiamiento internacional.
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El Uruguay acumula 30.000 solicitudes de refugiados.
El volumen de solicitudes acumuladas refleja una presión creciente sobre la capacidad institucional para procesar los trámites, en un contexto donde Uruguay continúa siendo un destino elegido por migrantes que buscan regularizar su situación. De acuerdo a los datos oficiales, el incremento sostenido de pedidos en los últimos años derivó en un cuello de botella administrativo que aún no logra resolverse.
Csukasi explicó que el país venía atendiendo estas solicitudes a través de programas vinculados al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que contaban en gran parte con financiamiento de Estados Unidos. Sin embargo, advirtió que “esa cooperación desapareció desde el año pasado”, lo que obligó al gobierno a reestructurar los recursos disponibles para sostener el funcionamiento del sistema.
En ese escenario, Uruguay debió “reubicar fondos para poder mantener el trabajo permanente”, lo que añade complejidad a la gestión de los expedientes pendientes. La falta de financiamiento externo impacta directamente en los tiempos de respuesta, en un sistema que ya operaba con limitaciones frente al aumento de la demanda.
Una responsabilidad estatal
La vicecanciller también subrayó que quienes solicitan refugio tienen derechos que deben ser garantizados por el Estado. “Tienen derecho a ver regularizada su situación”, afirmó, al tiempo que remarcó la obligación de brindar una respuesta clara sobre si se les otorgará o no el estatus de refugiado. "Así que ahí tenemos un desafío enorme para seguir respondiendo a muchísimas personas que todavía ven en Uruguay una posibilidad de seguir haciendo su vida", añadió.
El contexto se vincula con cambios recientes en la política migratoria. En 2024, el gobierno implementó el programa de residencia por arraigo, que permitió regularizar la situación de unos 20.000 migrantes, en su mayoría de origen cubano, que habían ingresado como solicitantes de refugio.
A pesar de estas medidas, el volumen de solicitudes pendientes continúa siendo elevado y representa uno de los principales desafíos en materia migratoria. Las autoridades reconocen la necesidad de fortalecer los mecanismos de tramitación para evitar demoras prolongadas y garantizar condiciones adecuadas para quienes esperan una resolución.
En 2024, el gobierno creó el programa de Residencia por Arraigo, que permitía regularizar la situación de unos 20.000 migrantes -la mayoría cubanos- y que estos pudieran tramitar la residencia. Esto fue celebrado en ese momento por Acnur, que indicó en un comunicado: "Esta medida representa un paso muy significativo en la respuesta a la situación legal de más de 20.000 personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado/a que se encuentran actualmente en el país".


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