Advierten que el nuevo Imesi a fitosanitarios "afecta la seguridad jurídica" y puede derivar en doble imposición

El sector privado sostiene que la medida parece tener un fin recaudatorio más que ambiental y reclama mayor claridad legal.

El gravamen podría alcanzar hasta 4 dólares por litro de ingrediente activo.

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El proyecto de Ley de Presupuesto 2025-2029 volvió a abrir una discusión delicada en el cruce entre tributación, producción agropecuaria y medioambiente, ya que el artículo 468 propone incorporar al IMESI las sustancias activas de alta peligrosidad utilizadas en productos fitosanitarios (categorías 1a y 1b según la clasificación de la OMS) con el objetivo de desincentivar su uso y promover prácticas agrícolas sostenibles; sin embargo, un dictamen jurídico del Dr. José Miguel Delpiazzo, elaborado a pedido de Camagro y Asiqur, alerta sobre riesgos de inconstitucionalidad y problemas de seguridad jurídica en la redacción del artículo.

El análisis sostiene que el "bien" alcanzado por el nuevo impuesto no está claramente delimitado. Según el texto, se grava la sustancia activa de alta peligrosidad, pero también podría interpretarse que se extiende a los productos que contengan esa sustancia, generando la posibilidad de una doble imposición: una por el ingrediente activo y otra por el producto final que lo incluye.

"La norma no es clara en cuanto a si se procura ampliar el gravamen a la enajenación del producto, o si se limita a las sustancias activas peligrosas contenidas en el producto", advierte Delpiazzo en un informe difundido por la Revista Verde. Esa ambigüedad, añade, erosiona la seguridad jurídica para las empresas del sector y abre espacio a futuros litigios.

Delegación al Poder Ejecutivo: "Violación del principio de legalidad"

Otro de los puntos críticos es la facultad otorgada al Poder Ejecutivo para incluir otras sustancias activas, incluso fuera de las categorías 1a y 1b, mediante resolución administrativa y previa evaluación técnica. Para Delpiazzo, esa habilitación "violenta el principio de legalidad" porque traslada al Ejecutivo la potestad de ampliar el alcance material del impuesto sin pasar por el Parlamento, lo que podría ser impugnado como inconstitucional.

El informe también cuestiona la redacción de las exoneraciones y la posibilidad de que el Poder Ejecutivo fije montos diferenciales para sustancias utilizadas como materia prima, lo que a juicio del jurista crea contradicciones internas en el propio artículo.

Gremiales en alerta

Tras conocer el dictamen, Camagro y la Comisión de Fitosanitarios de Asiqur transmitieron a sus socios una "profunda preocupación". Señalaron que el impuesto podría llegar a 25 UI por litro de ingrediente activo (unos 4 dólares), con el riesgo de que luego sea ampliado a otros productos fitosanitarios.

Para las gremiales, la medida no reducirá el uso de sustancias peligrosas y, en cambio, agregará costos que serán absorbidos por los productores, afectando la competitividad del sistema agrícola y exportador. "Un impuesto no va a ser una medida que incida en el uso de los productos; si un producto genera riesgo y existen alternativas, debe ser prohibido o limitado, pero no gravado", subrayaron.

Además, recordaron que la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) ya cuenta con mecanismos de control como las recetas profesionales, que ponderan la peligrosidad y necesidad de los productos.

Riesgo de inconstitucionalidad

Delpiazzo concluye que la creación de este tributo "constituye un nuevo impuesto", lo que exige aprobación por ley con mayoría absoluta de ambas Cámaras. También advierte que su inclusión dentro del Presupuesto puede ser cuestionada, ya que el artículo 216 de la Constitución no habilita a crear tributos en esa norma, aunque la Suprema Corte de Justicia haya validado en ocasiones anteriores esta práctica.

En síntesis, la propuesta del nuevo IMESI genera dudas sobre su legalidad, su coherencia interna y sus efectos prácticos. Mientras el gobierno lo plantea como un instrumento económico para promover prácticas agrícolas sostenibles, las gremiales empresariales y el informe jurídico insisten en que la redacción actual compromete la seguridad jurídica, puede derivar en doble imposición y afectar la competitividad del agro.