Advierten que la suba de la deuda pública y el bajo crecimiento del PBI complicarán el perfil crediticio del Estado

Las clasificadoras de riesgo ratificaron el grado de inversión, pero impusieron advertencias fiscales para los próximos años.

 Para destrabar una mejora en la evaluación internacional, el mercado exige una consolidación que logre estabilizar la relación deuda/PBI, profundizar las reformas de competitividad y avanzar en la desdolarización.

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Las agencias Fitch Ratings y Japan Credit Rating Agency (JCR) confirmaron sus calificaciones crediticias para Uruguay, 'BBB' con perspectiva estable en el caso de Fitch, y 'A-' en moneda extranjera y 'A' en moneda local, ambas con perspectiva estable, en el caso de JCR, pero ambos informes coincidieron en señalar los mismos dos frentes de riesgo para el perfil crediticio del país, la trayectoria ascendente de la deuda pública y la debilidad del crecimiento económico.

Fitch proyecta que la deuda bruta del gobierno general, incluidos los bonos de recapitalización del Banco Central del Uruguay (BCU), trepe al 68% del PIB en 2026, frente al 64,4% de 2025, muy por encima de la mediana de 57% del PIB que exhiben los países con calificación 'BBB'. La agencia advirtió además que "existe riesgo de que la deuda aumente si el crecimiento o los ingresos no alcanzan las expectativas presupuestarias". Entre los factores que "individual o colectivamente" podrían derivar en una rebaja de la calificación, Fitch ubicó en primer lugar "un aumento sustancial de la deuda pública/PIB debido, por ejemplo, a la ampliación del déficit fiscal".

JCR, por su parte, remarcó que el déficit fiscal pasó de 3,3% del PIB en 2024 a 4,2% en 2025, un salto que la agencia japonesa atribuyó al reconocimiento de gastos en bienes y servicios que habían quedado postergados en la administración anterior, a aumentos salariales en el sector público y al incremento del gasto en seguridad social. JCR anticipó que en 2026 el déficit se mantendrá en un nivel similar al del año pasado como porcentaje del PIB, y advirtió que, con el enlentecimiento del crecimiento presionando a la baja los ingresos tributarios, seguirá de cerca "si el gobierno puede evitar una ampliación mayor del déficit fiscal a través de la contención del gasto y otras medidas".

El segundo riesgo: una economía que crece poco y depende del clima

El otro eje de vulnerabilidad que identificaron ambas calificadoras es el bajo dinamismo de la actividad. Fitch recordó que el crecimiento se desaceleró del 3,3% en 2024 al 1,8% en 2025, por debajo de lo que preveía el propio gobierno en el presupuesto, arrastrado principalmente por la sequía del año pasado. La agencia proyecta apenas 1% de expansión para 2026, contra el 1,6% que estima el Poder Ejecutivo, y calificó al crecimiento débil como "un desafío perenne", con un promedio de solo 1,3% entre 2015 y 2025, explicado por "un alto costo de hacer negocios, una baja inversión (16% del PIB en 2025), una productividad lenta y una demografía desfavorable".

JCR coincidió en el diagnóstico y sostuvo que las calificaciones "están limitadas por su estructura económica, susceptible a factores externos como las condiciones económicas de otros países y las condiciones climáticas", en una economía "respaldada por las exportaciones agrícolas y el turismo" y por lo tanto vulnerable al clima y al ciclo de los vecinos regionales.

Entre los factores que podrían llevar a una rebaja de nota, Fitch incluyó también un "debilitamiento significativo de las perspectivas de crecimiento económico o acontecimientos que socaven la previsibilidad de las políticas y la estabilidad macroeconómica".

Los frentes que ya juegan a favor

Ninguna de las dos calificadoras ignoró los contrapesos que sostienen la nota actual. Fitch destacó la mejora en el historial de inflación, dentro del rango de tolerancia durante más de tres años, aunque en agosto trepó a 4,6% interanual desde el 3,1% de febrero, y una posición externa equilibrada, con reservas que cubren 8,5 meses de pagos externos frente a una mediana de 5 meses en la categoría BBB.

JCR, a su turno, ponderó la solidez del sistema bancario, con una morosidad de apenas 1,6% a fines de julio y un capital regulatorio 2,12 veces por encima del mínimo exigido, y el hecho de que Uruguay sea, excluyendo la inversión extranjera directa, una nación acreedora neta frente al resto del mundo.

Qué pediría el mercado para una mejora de nota

Fitch fue puntual sobre qué destrabaría una suba de calificación: "una reducción sostenida de la inflación y un anclaje de las expectativas en torno al objetivo", avances en la desdolarización (los depósitos en moneda extranjera rondan el 74%) y una "consolidación fiscal que estabilice la deuda pública con respecto al PIB en niveles cercanos o ligeramente superiores a los actuales".

A eso sumó la necesidad de "reformas económicas que aborden las debilidades competitivas" para mejorar las perspectivas de crecimiento e inversión, en referencia a agendas como la ley de competitividad que el Senado aprobó por unanimidad en agosto y que a esta fecha aguarda su votación final en Diputados.