AEBU define una solución para la Caja Bancaria en la que las partes pongan "un esfuerzo similar"

Para el secretario general del gremio, Fernando Gambera, el camino planteado en la asamblea general de los bancarios "evita un mal peor para toda la sociedad".

AEBU define en asamblea general su propuesta de solución para la crisis de la Caja Bancaria de Uruguay.

Gentileza AEBU

La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) se reúne hoy en asamblea general para definir su posición respecto de la problemática de la seguridad social del sector, enmarcada en la crisis financiera que atraviesa la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

El Antel Arena es escenario de la asamblea general de AEBU, que corre contrarreloj —al igual que el Poder Ejecutivo y la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), que también forma parte del grupo que trabaja en conjunto en el tema— para alcanzar una solución a la situación crítica de desfinanciamiento que experimenta la Caja Bancaria, y que pone en peligro la sostenibilidad del sistema previsional del sector en el corto plazo.

Con la premisa de defender el instituto de seguridad social y la expectativa de reunir alrededor de 7.000 personas, entre trabajadores en actividad y trabajadores jubilados afiliados al sindicato, AEBU decidirá cómo avanzar en un proyecto que resuelva la problemática, el cual deberá recorrer todo el camino parlamentario en apenas dos meses, en tanto después del 25 de octubre el país entrará en año electoral.

Los puntos de análisis de AEBU

El primer punto que estará a disposición de la asamblea es “la premisa de que todas las partes concurramos poniendo esfuerzo similar”, explicó Fernando Gambera, secretario general de AEBU, a Ámbito Esto significa, para el gremio, que tanto los bancos públicos y privados, como el gobierno representando al Estado, y los trabajadores jubilados y en actividad, aporten en igual medida a la solución para la Caja Bancaria.

Según Gambera, los trabajadores activos y pasivos pondrán “un esfuerzo en condiciones de jubilación”, en forma de aportes; y los bancos podrán en carácter de “tasas que tienen que ver con el negocio”, es decir, a través de un aumento de la Prestación Complementaria Patronal (PCP) que ya abonan. “Esto es lo que nosotros valoramos como importante, porque en el mundo de hoy es cada vez más la influencia de la tecnología respecto de las fuentes de trabajo y la disminución de las mismas, por lo tanto hay que ir sustituyendo la forma de colaboración y de aportación a la seguridad social de acuerdo al negocio, y menos de acuerdo a la nómina de empleados que tiene una empresa”, señaló el secretario general de AEBU, y agregó que “en ese sentido también está el esfuerzo de las empresas públicas y privadas”.

Respecto del Estado, el aporte sería en calidad de préstamo o financiamiento para que la Caja Bancaria atraviese el período inmediato de desfinanciamiento que atraviesa, por lo menos hasta el 2030, según las estimaciones del grupo que trabaja en una solución para su sostenibilidad. Según el sindicato, el costo del salvataje podría llegar hasta los 900 millones de dólares, en total.

Para AEBU, “esta salida es importante”, al igual que su sustancialidad y concreción en forma de ley. Pero, sobre todo, “es importante porque evita un mal peor para toda la sociedad, ya que se la solución no se transita por este camino, habrá un momento de desfinanciamiento y de incumplimiento de las obligaciones de la Caja Bancaria que tendrá que ser cubierto por todo el Estado, que somos todos”, consideró Gambera. En ese sentido, enfatizó que esto implicaría que “el resto de los uruguayos que no están involucrados en este problema y en la Caja Bancaria terminen poniendo a través del Estado”.

Según el secretario general del sindicato de bancarios, esto es lo que se pondrá en análisis en la asamblea general de AEBU, ante 7.000 trabajadores y jubilados. Luego, el proyecto que se decida, deberá ser puesto sobre la mesa del grupo de trabajo, y en consideración de los demás actores involucrados en la problemática del instituto de seguridad social a poco más de dos meses de que se venza el plazo límite.