AEBU juntará firmas para el plebiscito del PIT-CNT

La central sindical presentará este jueves, ante la Corte Electoral, la papeleta aprobada en contra de la reforma de la seguridad social.

Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU)

Gentileza AEBU

La Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) acatará la resolución del PIT-CNT en cuanto a la recolección de firmas y apoyará para que se lleve a cabo el plebiscito contra la reforma de la seguridad social, mientras que la central sindical presentará la papeleta este jueves ante la Corte Electoral.

A pesar de haber rechazado el recurso propuesto por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) en la Mesa Representativa – el cual se terminó votando en contra – AEBU decidió acompañar la medida de la central sindical de cara a las próximas elecciones en el Uruguay. Sin embargo, a comienzos de este mes, el sindicato bancario se había mostrado en contra del plebiscito e incluso publicó un documento expresando las contras del mismo.

Con esto, el secretario general del sindicato bancario, Fernando Gambera, aseguró que se unirán al plebiscito del PIT-CNT y los ayudarán a juntar firmas. Sin embargo, admitió que no será una tarea fácil. “Fácil no es, nada es fácil cuando cuesta colocar en la agenda y la conversación pública, y en el interés de la gente, los temas que no son los principales que todos sabemos que la gente está más preocupada”, afirmó el representante de AEBU a Subrayado.

La papeleta del PIT-CNT se presenta hoy

Este jueves la central sindical llevará a cabo la presentación de la papeleta del plebiscito frente a la Corte Electoral. Mientras, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, se presentará en el edificio a las 14 horas en el organismo electoral.

A comienzos de este mes, la central sindical logró un acuerdo para proponer una papeleta única para el plebiscito que impulsa contra la reforma de la seguridad social.

En el documento, el PIT-CNT sostuvo que “quedan prohibidos los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio”, en referencia a las AFAP, al establecer que deberán terminar con sus actividades en un plazo máximo de dos años “contado desde la entrada en vigencia de la presente reforma”.

La papeleta propone además que la edad de jubilación sea de 60 años y establece que “ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional”. Para Abdala, se trata de " defender un criterio de seguridad social que ayude a la redistribución de la riqueza”.

Un cambio de opinión

Antes de mostrarse a favor del plebiscito, AEBU publicó un documento en el que especificaba las contras del mismo. Los principales reclamos por parte del gremio bancario tuvieron que ver, en primer lugar, con el plebiscito “afecta la equidad y justicia en diversas prestaciones” ya que las condiciones que promueve el plebiscito permite a futuros gobiernos para “deteriorar las condiciones salariales de los trabajadores, imponer condiciones jubilatorias peores para importantes sectores de jubilados y justificará nuevas cargas impositivas regresivas”.

Por lo tanto, AEBU estableció que la reforma llevaba implícita “la confiscación de los ahorros, que pertenecen a los afiliados al BPS” que son titulares de cuentas individuales y los trabajadores que se afilien en los próximos meses. Desde el gremio, remarcaban que el plebiscito no tiene en cuenta una compensación por esa confiscación.

Además, desde el sindicato establecieron que el plebiscito “se promueve sin análisis de los impactos sobre los recursos del Estado, la viabilidad de la expansión de otras políticas sociales como la salud, la educación o la vivienda e incluso otras ramas de la seguridad social, los efectos sobre los trabajadores y jubilados, los niveles de injusticias que genera” y que tampoco se tendría wn cuenta que podría generar impactos negativos en la economía y el mercado laboral.

Por otro lado, agregaron que el proyecto genera ciertas incertidumbres, impacta sobre derechos fundamentales, a la vez que disuelve organizaciones privadas e incorpora limitaciones a la protección social de algunos sectores. “Genera beneficios no apegados a principios de justicia, incrementa el déficit del sistema y la caja policial y militar, y podría generar juicios contra el Estado de cuantía incalculable”, remarcó el comunicado.