PIT-CNT, la reforma constitucional y la inseguridad social

La propuesta de reforma de la central sindical remueve fundamentos financieros clave de la Seguridad Social y abriría un limbo jurídico de consecuencias insospechadas.

El PIT-CNT busca una reforma constitucional como respuesta a la ley de reforma de la seguridad social en Uruguay.

Foto: @PITCNT1

El PIT-CNT, central sindical única de trabajadores del Uruguay, convocará a firmar para someter a plebiscito una reforma constitucional sobre el sistema de seguridad social. Como es obvio, es una iniciativa contra aspectos clave de la recientemente aprobada reforma, pero –en lugar de proponer una derogación de la ley, como planteaban varios sindicatos- se optó por ir directamente a cambiar la Constitución, lo que ha merecido fuertes reparos en la propia interna de la central e incluso en el Frente Amplio, con algunos grupos integrantes que han rechazado la iniciativa.

Respecto a la edad jubilatoria, la propuesta vuelve atrás lo dispuesto por la reciente ley de reforma del sistema de seguridad social (ley 20.130), al tiempo que la prohibición de los sistemas de ahorro individual (que en el Uruguay gestionan las AFAP), no solamente derogaría la última reforma, sino también la primera, del año 1996. La equiparación de la jubilación mínima al salario mínimo, puede entenderse como una profundización de la disposición constitucional vigente, que establece que las jubilaciones se ajustan con el índice de salarios de la economía.

Así planteada, la propuesta remueve fundamentos clave que le han dado más sostenibilidad financiera al sistema de seguridad social. De aprobarse, la seguridad social en Uruguay exigirá un aumento de gastos difícil de estimar, pero sin dudas gigantesco. La propuesta no agrega ningún tributo específico nuevo (faltaba más…) y mantiene el financiamiento por aportes, tributos afectados por ley y asistencia del Estado, como ahora.

En este plano, cabe recordar que las jubilaciones y prestaciones sociales del sistema de seguridad social –en su pilar principal, el de reparto del BPS- se financian solo en un 50% con los aportes patronales y obreros; el resto son impuestos asignados (principalmente 7 puntos del IVA y todo el IASS) y asistencia de Rentas Generales (cuadro). En efecto, cada vez que alguien compra una milanesa al pan, una computadora una remera o un automóvil, de los 22 puntos de IVA en la factura 7 van directo al BPS. También va para allí toda la recaudación del IASS (impuesto a las jubilaciones altas), ya sea de jubilados del propio BPS como de otras cajas o servicios, como profesionales, militares, policías o bancarios.

Recursos y erogaciones del Banco de Previsión Social (BPS) del Uruguay.

Este esquema no parece ser muy justo. Los jubilados profesionales, por ejemplo, están planteando que el IASS que pagan vaya a su caja, no al BPS. Por otra parte, que los ciudadanos de a pie, muchos con bajos recursos, paguen 7 puntos del IVA para financiar las jubilaciones (bajas, medias o altas) tampoco resulta muy equitativo.

Para acotar estos desbalances se introdujo el pilar de ahorro individual en la reforma de 1996, obligatorio a partir de un cierto monto y opcional para todos los trabajadores. Con el diario del lunes, la iniciativa tuvo virtudes y defectos. Uno de los más cuestionados fue la comisión cobrada por las AFAP, que –ante las críticas- se fue reduciendo sustancialmente. Pero en su efecto esencial, el pilar de ahorro individual buscó y logró darle mayor sostenibilidad financiera al sistema, a través del principio básico –y justo- de que el jubilado cobre lo que ahorró. La nueva reforma hace del pilar individual un componente obligatorio (aunque lo acotó, pasando el aporte básico del 7,5% al 5%) y para las jubilaciones bajas agrega un suplemento solidario. Parece un esquema razonable, justo y sostenible.

Se dice, se reitera, se machaca, que las “jubilaciones de AFAP” son muy bajas. Es un doble error, porque las “jubilaciones de AFAP” no existen: el sistema es mixto y los jubilados cobran un monto por BPS y otro por su ahorro individual; además, lo que paga el componente de AFAP es –sencillamente- lo que se ahorró y lo que rentó el ahorro, ni más ni menos. Y el aporte a las AFAP es relativamente bajo: era la tercera parte del total (para la mayoría de los casos) y ahora baja a menos de la cuarta parte.

Muchos países han incorporado el ahorro individual en sus sistemas de seguridad social. Uruguay lo hizo a su manera y puede ser –obviamente- modificable. Pero es importante ser preciso en sus fundamentos.

Por otra parte, la enorme mayoría de los países aumentó la edad jubilatoria, por la sencilla –y auspiciosa- razón de que la gente vive más y puede trabajar más. Es lo que se plantea en la reforma aprobada este año; ahora se propone ir a contramano.

Expropiación

Más allá de los problemas económicos planteados, los hay jurídicos; y muy profundos. En este plano, ha llamado particularmente la atención la crítica que a la iniciativa planteó el sindicato bancario AEBU. En un extenso y detallado documento elevado en la interna del PIT-CNT, advierte sobre la incertidumbre jurídica que genera la iniciativa, y los riesgos de demandas al Estado por parte de trabajadores, jubilados y AFAP, dado que la eliminación de los ahorros individuales y su pasaje al BPS pueden constituir una expropiación.

En efecto, el texto de la iniciativa dice que los fondos de los trabajadores en las AFAP pasarán a un fideicomiso, cuyo funcionamiento se reglamentará por ley. Así, no más. ¿Cómo se manejará eso? ¿Con qué criterio? El limbo es gigantesco, en especial si se tiene en cuenta que la papeleta con la propuesta del PIT-CNT plantea incluir en la constitución la siguiente frase: “la Seguridad Social es un Derecho Humano Fundamental, no susceptible de lucro”. El riesgo de que esos fondos se extingan y lluevan las demandas, es altísimo.

En su documento, AEBU defiende “el valor de un manejo lucrativo de los fondos, para otorgar beneficios financieros en favor de los equilibrios del sistema o del ahorro de los trabajadores”. Y agrega que la iniciativa “se aparta de los acuerdos internos del movimiento sindical, expresados en el Congreso del PIT-CNT, que reconoce la existencia de pilares de ahorro”.

Hay que recordar que los bancarios ya han acordado una solución para su deficitaria caja, parte de la cual está atada a la vigencia de la actual reforma. Esa solución a la Caja Bancaria tiene que ser aprobada por el Parlamento. Habría sido una contradicción flagrante que AEBU apoyara la iniciativa del PIT-CNT. Lo que no se esperaba era una crítica tan contundente y amplia.

Hoy las AFAP tienen más de 1,5 millones de afiliados y gestionan un monto de 840 mil millones de pesos (más de 20 mil millones de dólares), dispuestos en las cuentas individuales de cada trabajador; al jubilarse el ahorro acumulado se transfiere al Banco de Seguros, que paga un seguro jubilatorio vitalicio. Es de las pocas herramientas potentes que estimulan el ahorro público y la inversión en Uruguay. Las AFAP invierten sus fondos principalmente en títulos del Estado y en múltiples iniciativas estatales y empresariales, para infraestructura y desarrollo productivo. Todo indica que prescindir de este mecanismo traería mucho más costos que beneficios.

En la visión de fondo que predominó en la iniciativa del PIT-CNT hay una histórica postura anticapitalista y antimercado; no es nueva. Subyace la idea de que –en algún momento y de alguna forma- se le imponga “al capital” una contribución mayor al Estado. El problema es que, tal como están planteadas las cosas, el peso de la lucha anticapitalista, más que al capital o a la aguerrida clase trabajadora actual, le caería a los niños y jóvenes de hoy y de mañana; a los futuros trabajadores.