La Asociación Nacional en Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios advirtió el crecimiento de las deudas con tarjetas de crédito y de los préstamos "gota a gota".
Casi dos tercios de la población uruguaya está sobreendeudada.
La Asociación Nacional de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios (Andcu) alertó sobre el nivel de endeudamiento de los uruguayos ante el Parlamento, un tema que volvió al centro de debate con un nuevo proyecto de ley impulsado por el Frente Amplio (FA).
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La situación de sobreendeudamiento de las personas físicas es un tema que preocupa hace tiempo en diferentes sectores políticos —al punto que Cabildo Abierto (CA) buscó plebiscitar sin éxito una medida para abordar la problemática— y, cada tanto, surge alguna nueva iniciativa a nivel parlamentario para hacer frente a la situación. En ese sentido, el oficialismo presentó una iniciativa de "protección de deudores de bajos recursos" y, en el marco de su tratamiento, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados recibió a la presidenta de la Andcu, Adriana Basso.
Allí, los datos esgrimidos encendieron todavía más luces de alarma respecto del nivel de endeudamiento de la población. Sobre todo, porque apuntó a que un 64,4% de los uruguayos tenía deudas activas al cierre del 2025.
Durante su comparecencia, según consignó Búsqueda, Basso afirmó que es necesario poner un "coto al sobreendeudamiento". Uno de las mayores señales de alarma es el crecimiento del endeudamiento en tarjetas de crédito: "Hay un 20% más de uso de las tarjetas, en el cual también se refleja ese porcentaje de endeudamiento”.
Según explicó, el consumidor uruguayo “usa la tarjeta, primero, para cubrir las necesidades básicas: para ir al supermercado. En segundo lugar, utiliza el plástico para la salud y, después, para el combustible". "Ahora bien, si hoy vamos a un Redpagos o a un Abitab, vemos que es muy común que utilicen la tarjeta también para abonar los organismos públicos. Este es un grave problema”, señaló, y añadió que incluso los bancos fomentan estos escenarios, “haciendo promociones diciendo que los organismos públicos se pueden pagar en dos o tres cuotas”.
“El problema es que, después, no tiene el dinero, y saca un préstamo para pagar la tarjeta de crédito. Así comienza todo el proceso, que implica que el consumidor no pueda salir de esa situación", advirtió la presidenta de la Andcu.
Esta especie de círculo vicioso llevó a que, al cierre del 2025, hubiera 2.253.404 personas con deudas activas, según datos del Banco Central del Uruguay (BCU). Es decir, un 64,4% de la población, y un 20,9% más que en 2015 (1.863.878 personas).
En otro tramo de su intervención ante la Comisión de Hacienda, Basso también cuestionó la publicidad agresiva de las administradoras de créditos, que "atomizan al consumidor" y le "venden la felicidad completa con dinero a una tasa que, muchas veces, no es la que le van a aplicar cuando firme".
Asimismo, apuntó contra los créditos "a sola firma" e, incluso, a actitudes que rozan lo extorsivo por parte de las financieras: “Le dicen a la persona que le van a hacer perder su casa y que le van a sacar todo porque hicieron una denuncia penal, pero cuando uno va a la comisaría, se da cuenta de que esa denuncia no existe, ¿a qué punto estamos llegando?”, planteó.
Además, la presidenta de la Andcu advirtió que el llamado crédito “gota a gota” ha “crecido muchísimo en Uruguay”, utilizado por pequeñas empresas y consumidores. “Acá hay un delito, además", afirmó, y sostuvo que los prestamistas "recurren a medios extorsivos, a amenazas, hasta llegan a golpear a la gente", mayormente extranjera que, sobre todo, se expone a tasas "terriblemente usureras" que "nunca terminan de pagar".
El plan de reestructuración de deudas que ofrecieron los bancos y financieras privadas en 2024 como una posible solución al creciente sobreendeudamiento de los uruguayos, sin embargo, no dio las respuestas que se esperaban, según Basso.
“Si el consumidor tenía cuatro o cinco préstamos, podía firmarlos y acordar 18 o 24 cuotas. En ese momento llegó a un acuerdo porque sí se podía hacer cargo de la cuota. El problema fue que cuando llegó la segunda o la tercera cuota no pudo pagar más, y cayó el convenio que había firmado. ¿Qué ocasionó esta situación? Generó 150.000 deudores más en el sistema, que cayeron en la categoría 5 del Banco Central”, describió. Los créditos en esa categoría se consideran incobrables.
Respecto del proyecto de ley del Frente Amplio, en tanto, no entró en mayores detalles, pero cuestionó de entrada el nombre: “¿Por qué hablar solo de los deudores de bajos recursos? Con este nombre estamos dejando afuera a una cantidad de consumidores” endeudados, consideró.