Alfredo Fratti reconoció la preocupación de los productores de Casupá, pero puso por encima "el interés nacional"

El titular del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca sostuvo, igualmente, que "en algún lado hay que hacerla y siempre va a haber gente afectada".

Alfredo Fratti reconoció la preocupación de los productores de Casupá pero puso por encima "el interés nacional".

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, reconoció la preocupación de unas "20 o 30 familias que habría que reubicar" ante la construcción del embalse en Casupá (Florida), pero consideró que "a veces, el interés nacional termina afectando los intereses individuales".

El reclamo de un grupo de familias productoras de la zona de Florida que se verían afectadas por la construcción del embalse de Casupá, una de las prioridades del gobierno del Frente Amplio (FA) tanto en materia de obras públicas como en el abastecimiento de agua potable —para evitar que se replique lo sucedido durante la sequía de 2023—; ha ido en aumento en las últimas semanas y ha llegado a las autoridades, que reconocen la preocupación de los futuros afectados.

Tal es el caso del titular del MGAP, Fratti, que si bien reconoció que su cartera no tiene una participación activa en el proyecto, está al tanto de unas "20 o 30 familias que había que reubicar", según la información que le hizo llegar el Ministerio de Ambiente. "Para el que está en campaña y en su lugar es todo un problema", señaló en diálogo con Radio Del Sol, respecto a la eventual reubicación de estos productores.

La represa se ubicaría a unos diez kilómetros del pueblo y el embalse tendrá una capacidad de 118 millones de metros cúbicos, el doble que Paso Severino. Si bien está previsto que las obras comiencen recién en 2027 y lleven tres años —además de entre seis y doce meses más hasta que se llene de agua—, la situación de los productores ya es un problema en el presente.

Al respecto, Fratti consideró que "en el campo hay toda una cuestión de arraigo, de pertenencia que tiene otros componentes que hacen que la reubicación o la indemnización no se contemple totalmente y sea bastante más difícil". Pero reconoció asimismo que "en algún lado tenés que hacerla (la represa) y siempre va a haber gente afectada".

Consultado si le preocupaba la situación, respondió: "Sí, porque entiendo la realidad de la persona que está en determinado lugar. Lo que se pensó, básicamente, es que no nos vuelva a pasar lo mismo que tenemos en los centros urbanos. Y a veces el interés nacional termina afectando los intereses individuales".

El reclamo de los productores por una alternativa

Ya fines de agosto, la Comisión de Ambiente de la Cámara de Representantes se reunió con vecinos y productores de Casupá, quienes manifestaron su rechazo al proyecto de la represa, en tanto la misma implicaría la inundación de sus campos y la pérdida de sus hogares. "Este establecimiento queda completamente bajo agua, no se salva absolutamente nada, pérdidas totales", relató una trabajadora de un predio que pertenece a propietarios extranjeros.

Otro productor explicó que la afectación no solo se limita a la tierra, sino también al acceso al recurso hídrico: "A mí me tapan 24 hectáreas. No sabemos cuánto nos van a pagar por hectárea de campo y además me dejan sin agua, porque la represa va alambrada y mis animales no pueden tomar de ahí. Soy un productor chico, somos varios en esta situación. ¿Les van a hacer una estancia nueva, una casa nueva, les van a pagar lo que vale una hectárea de campo?", cuestionó.

Los vecinos pidieron alternativas a la construcción de la represa o, en caso de avanzar, que el Estado asegure previamente soluciones para los afectados. "Creemos que tiene que haber alternativas más viables que esta. Y si se va a construir, que al menos nos expliquen si han considerado los problemas que ya advertimos", señaló otro de los participantes del encuentro.

El sentimiento general es de incertidumbre. "Nos quedaríamos sin trabajo y sin casa, obviamente", expresó una de las vecinas, mientras otros insistieron en la falta de información y garantías sobre compensaciones económicas.