Casa Blanca suma tensión al complejo escenario frigorífico: 420 trabajadores esperan por el seguro de paro

El seguro especial de los empleados de Casa Blanca venció el 30 de junio, mientras otros 2.000 trabajadores están afectados en Tacuarembó y Carrasco.

Trabajadores de Casa Blanca esperan por el seguro de paro.

La industria frigorífica profundiza un escenario marcado por plantas con la faena detenida, reestructuras y miles de trabajadores afectados por seguros de paro, al que ahora se suma el reclamo de los 420 empleados del Frigorífico Casa Blanca, cuyo régimen especial venció el 30 de junio y todavía aguardan una definición sobre su extensión.

El Sindicato de Trabajadores del Frigorífico Casa Blanca reclama la aprobación de un nuevo seguro especial que alcance a la totalidad de los trabajadores que perdieron su empleo, luego de que transcurrieran más de dos meses desde el vencimiento del beneficio anterior.

“No hay información concreta de qué se va a hacer (...) no tenemos un camino por donde enfocarnos”, explicó Lucía da Silva, integrante del sindicato, sobre la situación que atraviesan las familias. “Nosotros como trabajadores podemos entender los tiempos, la burocracia y todo lo que se habla. Ahora, para las familias trabajadoras, una semana, dos, más de dos meses como va pasando, es una cuenta más, es una factura sin pagar. Vivimos en incertidumbre los trabajadores”, agregó.

Según explicó Da Silva, anteriormente “se hizo un proyecto de ley para un seguro especial para que cubriera a todos los trabajadores, los 420 trabajadores. Salió eso que venció el 30 de junio. El 30 de junio se tenía que hacer todo el proceso de vuelta para un nuevo proyecto de ley para una extensión. Seguimos acompañando las gestiones”.

El gremio llevó el nuevo proyecto al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), desde donde fue remitido al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, el trámite volvió posteriormente a la cartera laboral. “También hubo problemática de falta de información donde volvió el proyecto al Ministerio de Trabajo y seguimos en esa espera continua”, señaló la dirigente.

El abogado Julio Lugioratto, por su parte, responsabilizó a los empresarios de la situación que atraviesa la plantilla y defendió el derecho de los empleados a mantener sus reclamos. “Están así no por responsabilidad de ellos como ha dicho algún miembro connotado de esta sociedad, sino por responsabilidad de los miembros de la empresa, claramente”, afirmó.

Lugioratto explicó además que el vínculo laboral no terminó, sino que permanece suspendido. “Esos trabajadores tienen que tener, dentro de la incertidumbre que tienen, esta certidumbre de que ese plazo no está corriendo y que pueden reclamar”, sostuvo.

Un sector atravesado por parates y reestructuras

El reclamo de Casa Blanca se produce en momentos en que otras plantas frigoríficas atraviesan dificultades operativas y laborales, con los dos grupos que encabezan el ranking de faena involucrados en paralizaciones o procesos de reorganización.

MBRF, que concentra el 27% de la faena, decidió detener la actividad del Frigorífico Tacuarembó, donde aproximadamente 1.300 trabajadores quedarían alcanzados por el seguro de paro una vez que se incorporen unos 550 empleados que todavía permanecían activos. Parte de la plantilla ya estaba bajo ese régimen desde comienzos de mes.

La situación forma parte de una reestructura que inicialmente contemplaba una reducción de 150 puestos de trabajo. El sindicato rechazó esos despidos y propuso como alternativas egresos de empleados próximos a alcanzar la edad jubilatoria, retiros voluntarios y mecanismos relacionados con los contratos más recientes.

“Buscamos mecanismos para que no haya despidos masivos ni compulsivos”, había señalado el presidente de la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (Foica), Martín Cardozo. Las partes tienen prevista una nueva instancia de negociación para el 22 de este mes.

La situación de MBRF alcanza además al Frigorífico La Caballada (Cledinor), en Salto, que también detendrá su actividad y cuya última faena está prevista para el próximo martes antes de que la planta salga de licencia. Temporalmente, la actividad industrial del grupo quedaría concentrada en Inaler, en San José, y en su planta de Colonia.

Carrasco tiene unos 700 trabajadores en seguro de paro

El otro gran frente se encuentra en Minerva Foods, que representa el 22% de la faena, detrás de MBRF y por delante de la familia Urgal, que concentra el 17%.

Alrededor de 700 trabajadores del Frigorífico Carrasco permanecen en el seguro de paro desde noviembre del año pasado y la planta no retomará la actividad durante lo que resta del año.

Minerva presentó ante el MTSS la posibilidad de que Carrasco deje definitivamente de faenar y opere únicamente como una planta de ciclo 2, recibiendo medias reses procedentes de BPU, en Durazno; Pul, en Melo; y su planta de Canelones.

Para que ese esquema sea viable, las tres unidades tendrían que alcanzar conjuntamente unas 50.000 reses mensuales o el grupo debería comprar materia prima en el mercado interno. La alternativa todavía no está definida y las partes volverán a reunirse el 28.

La empresa también comunicó que denunciará el convenio colectivo vigente, cuyo vencimiento está previsto para el 30 de octubre, para evitar su renovación automática.

China agrega presión sobre Tacuarembó

El escenario de Tacuarembó incorpora además un frente comercial, debido a que la planta permanece suspendida para exportar a China desde el 6 de agosto, luego de una segunda detección de residuos de imidocarb por encima del límite permitido.

Todavía no existe una fecha definida para la visita de las autoridades chinas que permitiría avanzar en la revisión de las medidas adoptadas, tanto en Tacuarembó como en San Jacinto, que permanece suspendido desde mediados de marzo por un hallazgo de residuos de garrapaticida.

De esta manera, el reclamo de los 420 trabajadores de Casa Blanca se incorpora a un escenario que ya tiene aproximadamente 1.300 empleados afectados en Tacuarembó y otros 700 en Carrasco, además de plantas detenidas, negociaciones por reestructuraciones y dificultades comerciales que aumentan la incertidumbre laboral en una de las principales industrias del país.